Por Victoria Rodgers / Kern Sol News
El Fiscal General de California, Rob Bonta, anunció un acuerdo con dos propietarios separados de Bakersfield y su compañía de administración de propiedades, Clemmer & Company, por sus múltiples violaciones de la Ley de Protección de Inquilinos (TPA) y su violación de la Ley de Vivienda y Empleo Justo.
Una investigación realizada por el Departamento de Justicia de California (DOJ, por sus siglas en inglés) encontró que los dos propietarios individuales, cada uno de los cuales posee más de cien unidades, y el administrador de la propiedad Clemmer & Company emitieron ilegalmente avisos de desalojo en violación de la TPA. Un arrendador emitió más de 40 avisos de desalojo sobre la base de que el arrendador tenía la intención de remodelar sustancialmente las unidades, pero el trabajo de remodelación realizado no cumplía con los estándares requeridos por la TPA para justificar el desalojo.
El otro arrendador emitió al menos dos avisos de desalojo dirigidos a los inquilinos con Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 sobre la misma base, pero no realizó ningún trabajo de remodelación. Estos dos avisos de desalojo violaron la TPA y constituyeron una discriminación ilegal contra los beneficiarios de los Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8. El administrador de la propiedad facilitó muchos de estos desalojos ilegales.
Por otra parte, el segundo arrendador también aumentó ilegalmente el alquiler de docenas de inquilinos, incluso emitiendo múltiples aumentos de alquiler en un solo año que combinados excedieron el límite de alquiler de 12 meses de la TPA y no devolvió los depósitos de seguridad dentro de los 21 días posteriores a la mudanza y no proporcionó documentación de las deducciones como lo exige la ley de depósito de seguridad de California.
Los términos del acuerdo incluyen pagos por un total de $213,000, que consisten en $93,000 en multas civiles y $120,000 en restitución que se pagará a aproximadamente 85 inquilinos actuales y anteriores. Esta restitución ayudará a las familias afectadas a recuperarse financieramente de los aumentos de alquiler o el desplazamiento. El acuerdo también impone fuertes términos cautelares, incluidos los siguientes:
Restablecer las tarifas de alquiler para los inquilinos actuales que pagaron un alquiler ilegal.
Cumplir con el Proyecto de Ley del Senado 567, que entra en vigor el 1 de abril y fortalece las protecciones contra el desalojo de la TPA. Entre otras cosas, los avisos de desalojo basados en remodelaciones sustanciales deben incluir una descripción del trabajo que se completará, copias de los permisos requeridos, la fecha en que el propietario espera completar el trabajo y una notificación de que si la remodelación sustancial no se inicia o no se completa, se debe ofrecer al inquilino la oportunidad de volver a alquilar la unidad en los mismos términos de alquiler y arrendamiento que cuando el inquilino se fue.
Proporcionar informes anuales al Departamento de Justicia de California con copias de todos los avisos de desalojo de remodelación sustancial, con otra documentación requerida que varía según el demandado.
Clemmer & Company proporcionará capacitación anual a todos los empleados sobre las leyes de vivienda justa y de propietarios e inquilinos
La TPA fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom en 2019 y creó nuevas protecciones significativas para la mayoría de los inquilinos, incluida la limitación de los aumentos de alquiler y la prohibición de que los propietarios desalojen a los inquilinos sin causa justificada.
"Cuando se trata de proteger a los inquilinos y garantizar que todos los californianos tengan un lugar al que llamar hogar, el Departamento de Justicia de California está totalmente involucrado. El acuerdo de hoy envía un fuerte mensaje: la Ley de Protección de Inquilinos es la ley, y debe ser seguida por todos, en todas partes de California", dijo el Procurador General Bonta. Si está interesado en entrar en el negocio del alquiler, como propietario o administrador de propiedades, usted es responsable de conocer y cumplir con las leyes y regulaciones estatales y locales. Las empresas de administración de propiedades son responsables de cumplir con la TPA y las leyes relacionadas, incluso cuando actúan a petición de los propietarios. La ley de California también protege a los inquilinos de la discriminación basada en su fuente de ingresos, por ejemplo, si usan un Vale de Elección de Vivienda de la Sección 8. Mantener a las personas alojadas es una de las principales prioridades de mi oficina y me comprometo a hacer cumplir las violaciones de los derechos de las personas a la vivienda. Punto final".
Este acuerdo representa el tercer acuerdo de cumplimiento del Departamento de Justicia de California en virtud de la TPA. Hasta la fecha, la TPA se ha aplicado contra un gran desarrollador de viviendas y administrador de propiedades, un gran propietario con operaciones de alquiler en todo el estado y, ahora, propietarios locales más pequeños y una empresa de administración de propiedades.
