BAKERSFIELD, CA – La niña Lily, de solamente 7 años de edad, se paró en una silla situada cerca de donde su madre hablaba para secarle las lágrimas.
“Mi hija tiene el derecho de vivir”, dijo Katrina por medio de un intérprete, casi no pudiendo hablar. “Dado a que ahora tiene seguro médico, ella ha podido tener la oportunidad de tener las cirugías y terapia… Yo quiero que Medi-Cal exista para siempre”.
Esta familia vino a los Estados Unidos de México hace tres años, después de que doctores les habían dicho que ya no había nada que pudieran hacer para aliviar el tumor congenial que tiene en su mejilla izquierda. No importa cuántas veces la han operado, le dijeron a la familia, el tumor volverá a crecer y le prevendrá a Lily poder tragar.
Lily es una de los 3,700 niños menores de 19 años que viven en el Condado de Kern que el año pasado hicieron la transición al Medi-Cal completo por medio de la ley SB-75, la Ley del Cuidado de la Salud para todos los Niños. Esta ley se pasó el año pasado dejando que todos los niños, no importando su estado migratorio, se matriculen en el Medi-Cal, que es como el estado llama a su programa de Medicaid, si es que pueden pasar todos los requisitos de elegibilidad.
Karina compartió su historia en una conferencia de prensa el pasado 21 de abril, presentada conjuntamente por New American Media, Clinica Sierra Vista del Condado de Kern, la Iniciativa de Salud Comunitaria y por el South Kern Sol.
Como ella, cientos de miles de residentes californianos están preocupados si es que los republicanos resuelven su amenaza de derogar y reemplazar el Acta de Salud Asequible (ACA), que no pudieron pasar en su primer intento el mes pasado, no podrán pagar un seguro médico.
La expansión del programa Medi-Cal, bajo la ACA, dejó que 95,679 adultos en el Condado de Kern, es decir el 10 por ciento de la población, pudiera obtener seguro médico; muchos de ellos por primera vez, según dijo el Centro de Investigación de Política de la Salud de UCLA. Si se reniega, la tasa de niños sin seguro médico sería menos del 5 por ciento.
Panelistas en la conferencia no hicieron menor la severidad de la situación a la que este país se enfrenta, pero el mensaje que ellos trataron de mencionar que la incertidumbre en el futuro del cuidado de la salud no debe de impedir que no se aprovechen de los programas existentes, especialmente en California, que tiene unas de las leyes de protección más estrictas para los inmigrantes en el país.
“Mujeres embarazadas no se presentan a sus citas” porque tienen miedo de su estado migratorio, dijo Rachel Vizcarra, coordinadora de programas de la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos del Condado de Kern.
Vizcarra reconoció que en Kern es un condado muy conservativo, donde las personas indocumentadas no se ven como “prioridad”. Aun así, las protecciones que dan las leyes del estado protegerán la información que ellos ponen en sus solicitudes, dijo ella, un mensaje que el señor Eduardo Ramírez Castro, miembro de la barra de inmigración en la Fundación CRL volvió a decir.
Edgar Aguilar, Gerente de Programas de Communtiy Health Initiative, dijo que él ha visto a familias pobres luchar para escoger a quien va a poder ir a ver al doctor cuando más de uno de ellos cae enfermo.
“Para muchas familias, la falta de conocimiento de las redes de seguridad que proveen las clínicas comunitarias, los mantiene sin poder tener acceso al cuidado médico”, dijo él.
Bill Phelps, Jefe de Programas de Servicio para Clinica Sierra Vista, dijo que clínicas, como las de él, que son federalmente calificadas seguirán actuando como redes de seguridad, especialmente para aquellos que no pueden pagar. “Independientemente de los cambios en la ACA”.
“Pero probablemente cortaríamos las horas de operación también”, dijo él.
Con las amenazas de los recortes de fondos federales, Clinica, que tiene un total de 28 clinicas a través del estado perderá un estimado $7 a $8 millones de dólares en ganancias. Tendrá que deshacerse de los planes de expansión que apuntan a aliviar la escasez de médicos en las zonas rurales, dijo Phelps
Si es que la ACA es revocada, y el gasto del cuidado de la salud reducido como quieren hacerlo los republicanos, se estima que el país llegará a perder $359 millones de dólares, y la perdida de 5,000 trabajos en la industria de la salud.
“El cuidado de la salud no es una comodidad”, y debemos de continuar a preservar la ACA, dijo Phelps. Si no, “Pagaremos el precio”.