Washington, 27 nov (EFEUSA).- El Congreso regresa esta semana al trabajo tras un breve receso con una nutrida lista de asuntos pendientes, desde una solución para el programa migratorio DACA hasta la subida del techo de deuda pasando por la reforma tributaria que quiere sacar adelante el presidente Donald Trump.
Este martes, Trump se reunirá con el liderazgo demócrata y republicano del Congreso con el objetivo de acercar posturas para subir el techo de deuda antes del 8 de diciembre, cuando expiran los fondos actuales, y evitar así un fatídico cierre de Gobierno como el de 2013.
La última reunión entre Trump y el liderazgo político del Congreso, celebrada en septiembre, resultó en una gran victoria para los líderes de la minoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, que consiguieron que el presidente aceptara sus propuestas.
Salieron derrotados de esa reunión los líderes republicanos en el Congreso, Mitch McConnell y Paul Ryan, quienes han mantenido una tensa relación con Trump y, ahora, buscan reconciliarse con el presidente mediante la aprobación de una reforma fiscal, la más profunda desde la década de 1980.
Trump, por su parte, busca anotarse antes de fin de año una victoria legislativa que le permita resarcirse de los intentos fallidos por derogar la ley sanitaria del expresidente Barack Obama.
"El proyecto de reforma fiscal está progresando muy bien, gran apoyo", aseguró hoy Trump en su perfil de Twitter.
La Cámara de Representantes ya aprobó este mes su versión de la reforma tributaria y, esta semana, el debate pasa al Senado, donde los republicanos tienen una mayoría más estrecha y podrían enfrentar más dificultades para sacar adelante su propuesta.
Además, el debate en el Senado puede complicarse porque su iniciativa incluye una enmienda ligada a la reforma sanitaria de Obama y con la que los conservadores pretenden acabar con una provisión que obliga a contratar un seguro médico, algo que ya ha generado inquietud entre algunos senadores.
Mientras tratan de aprobar su reforma fiscal, los republicanos deberán llegar a un pacto con los demócratas para financiar, al menos a corto plazo, el Gobierno más allá del 8 de diciembre.
Los republicanos necesitan el apoyo de los demócratas y, por ello, Pelosi y Schumer aprovecharán para exigir una solución para los 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños, conocidos como "soñadores", y que lograron frenar su deportación gracias al plan DACA, proclamado en 2012 por Obama.
Trump anunció el 5 de septiembre el fin de programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero pidió al Congreso que aclarara la situación de los jóvenes "soñadores" en un plazo de seis meses, es decir, antes del 5 de marzo de 2018.
A pesar de las peticiones del ala más progresista de la bancada demócrata, Pelosi y Schumer han evitado amenazar directamente con cerrar el Gobierno si no se alcanza un acuerdo legislativo para DACA, pero han prometido que salvarán el programa de Obama antes de salir de vacaciones.
Varios republicanos moderados también han pedido al liderazgo de su partido que negocie para alcanzar una solución.
En esa legislación migratoria, Trump quiere incluir fondos para financiar su "gran muro" con México y para contratar a más agentes fronterizos, así como un sistema para agilizar la expulsión de menores centroamericanos y limitar la concesión de visas mediante un sistema de méritos.
Por otro lado, en las próximas semanas, el Congreso deberá llegar a un acuerdo para financiar un programa de salud que beneficia a 9 millones de niños sin recursos y, además, debe determinar cuánto dinero envía a las zonas afectadas por los recientes huracanes e incendios.
La Casa Blanca ha propuesto un paquete de ayuda de 44.000 millones de dólares para Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU, pero los demócratas y algunos legisladores republicanos ya han considerado que esa partida es demasiado pequeña y que se necesitan más fondos para impulsar una recuperación rápida.
El último de los asuntos pendientes es un programa de espionaje que permite a EEUU interceptar comunicaciones de extranjeros fuera del país y que expira el 31 de diciembre, por lo que para seguir en activo necesita la autorización del Congreso. EFEUSA