Propietarios a través del estado de California han empezado a presentar demandas para detener la moratoria de desalojos que el Consejo Judicial de California pusiera en efecto durante el mes de abril, diciendo que el consejo a excedido su poder judicial y debe de dejar que los alquilinos que están retrasados en sus rentas sean desalojados de sus viviendas durante la pandemia del COVID-19.

      Abogados de parte de los propietarios han dicho que la prohibición del desalojo del consejo sobre las cortes realizando el proceso de desalojo no es constitucional, y que cualquier protección debe de ser proclamada por la legislatura.

      Y una victoria a favor de los propietarios pudiese causar una gran debilidad en las protecciones para inquilinos en California. Y este paro de procesar demandas de desalojo puede terminarse a más tardar para el 14 de agosto, causando una ola gigantesca de desalojos, a menos que la legislatura estatal reinstalara la prohibición.

     Mientras la pandemia del COVID-19 sigue creciendo y manteniéndose durante los meses de verano, los reclamos del desempleo siguen subiendo a cantidades inmensas. Muchas ciudades en la bahía norte del estado y varios condados han pasado varias protecciones que ayudan a los inquilinos, las cuales han causado un criticismo de parte de los propietarios.

     Demandas se han presentado en contra del Consejo Judicial de California en las cortes federales y estatales en el Sur de California y en el Valle Central. Una victoria sobre la prohibición pudiese causar problemas para la prohibición en el resto del estado.

     El pasado 27 de julio, Tani Cantil-Sakauye, juez supremo del Consejo Judicial de California, anunció que planea tener un voto “pronto”, así terminando la prohibición en 14 de agosto, Ella dijo que el gobernador y el congreso estatal son los que deberían de formalizar una protección al inquilino futuras durante la pandemia.

      El consejo, que es el grupo que supervisa el sistema de cortes estatales, impuso esta prohibición de desalojo el pasado 6 de abril, congelando cualquier acción legal en casos de desalojo, con excepción de la protección de la salud pública y seguridad.

      Supuestamente, la orden debe de terminar 90 días después de que la orden estatal de emergencia terminara, o más temprano si es que así lo desea el consejo.

       En un reportaje hecho por el Mercury News, Cantil-Sakauye dijo que los remedios son mejor dejados para los ramos ejecutivos y legislativos del gobierno. Pero que él deseaba darles aviso de que el consejo reanudaría el voto muy pronto para terminar con estas ordenes temporales.

     Originalmente, el consejo pensaba en acabar con esta prohibición a principios de junio, pero el gobernador Gavin Newsom, junto con legisladores y miembros del consejo le pidieron a Cantil -Sakauye a que suspendiera el voto para darle al gobernador y al ramo legislativo más tiempo para sortear entre todas las propuestas.

       Sin embargo, se ve muy difícil que la legislatura pudiese pasar leyes de protección para el 14 de agosto, haciendo que los defensores de los derechos de inquilinos expresaran una preocupación de muchos de los inquilinos que no han podido pagar su renta serían despojados.

       California solamente, desde que empezó la pandemia en marzo, ha recibido 7.1 millones de solicitudes para beneficios de desempleo.

      Con tantas personas sin trabajo, el cobro de rentas se desmoronó. El 16 porciento de los inquilinos en California dijeron que fallaron de pagar su renta en junio a tiempo. El 35 por ciento dijo que tienen poca o no confidencia que puedan pagar su renta a tiempo en agosto.

      Sin embargo, existen dos propuestas de ley que están esperando su turno en la legislatura estatal que podrían ayudar a los inquilinos a repagar su renta atrasada.

       SB 1410 por la Senadora Anna Caballero, D-Salinas, pararía el desalojo y le daría a los inquilinos hasta el 2034 para repagar la renta no pagada al hacer pagos al estado junto con sus impuestos. Al mismo tiempo le daría créditos de impuestos a los propietarios de igual valor a la cantidad no recolectada de sus inquilinos.  Esta propuesta paso el Senado estatal el 26 de junio y ahora se encuentra enfrente del Comité Judicial de la Asamblea.

        AB-1436 por el asambleísta David Chiu, D- San Francisco, hace que los desalojos sean prohibidos hasta los tres meses después de que la orden de emergencia termine o el 1º de abril del 2021, cualquiera que termine primero.  Inquilinos tendrán 12 meses adicionales para pagar los meses retrasados si es que tuvieron problemas relacionados con el COVID-19. Esta propuesta pasó la asamblea el 29 de mayo y ahora se encuentra enfrente del Comité Judicial del Senado.

        “Prevenir una ola de despojos y juicios hipotecarios es crítico para estabilizar nuestra economía y mantener a nuestras comunidades saludables” comentó Chiu.

       Mientras tanto, grupos de propietarios han opuesto las prohibiciones de desalojos, diciendo que varios propietarios minoritarios están devastados por la perdida de ingresos de la renta y argumentan que los inquilinos están tomando ventaja de la pandemia para no pagar su renta.

     

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