El año pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados y el Centro de Leyes de la Pobreza del Sur desafiaron la política que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México.

   Según un comunicado de prensa, la demanda fue presentada en nombre de 11 solicitantes de asilo individuales devueltos por la fuerza a México, y los demandantes organizacionales Innovation Law Lab, el Centro de Recursos Centroamericanos del Norte de California, el Centro Legal de la Raza, la Escuela de leyes de la Universidad de San Francisco, la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación, Al Otro Lado, y el Centro de Justicia de Tahirih.

   El caso cita violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la Ley de Procedimiento Administrativo, así como el deber de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de no devolver a las personas a condiciones peligrosas.

   En marzo, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó que es ilegal, pero permitió que continuara hasta que la Corte Suprema tomara una decisión.

   “Ha pasado más de un año desde que un tribunal de distrito federal anuló la política ilegal de la administración de obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México”, dijo el director legal de CGRS, Blaine Bookey. “Sin embargo, miles de familias permanecen varadas en condiciones cada vez más peligrosas, donde muchas se han enfrentado a una violencia brutal y a la falta de vivienda. Continuaremos la lucha para detener esta crueldad de una vez por todas”.

   El 19 de octubre, la Corte Suprema acordó revisar la decisión de que esta política era ilegal.

   “Los solicitantes de asilo se enfrentan a un grave peligro todos los días en que esta política ilegal y depravada está en vigor”. Said, Judy Rabinovitz, abogada de ACLU y abogada principal en esta demanda en reacción a la decisión de la Corte Suprema. “Los tribunales han fallado repetidamente en su contra, y la Corte Suprema también debería hacerlo”.

   Los involucrados en el caso exigen que esto se resuelva rápidamente para ayudar a las familias que necesitan asilo. No es correcto mantenerlos en estas situaciones peligrosas.

   “Esto solo prolonga una política inmoral e ilegal que obliga a las personas a languidecer en condiciones peligrosas en México para buscar asilo en los Estados Unidos”, dijo Melissa Crow, abogada supervisora ​​principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes de SPLC. “Si llega una nueva administración el próximo año, poner fin a esta política y a la miríada de otras que la administración Trump ha implementado para destripar los derechos de las personas que buscan asilo debe ser una prioridad absoluta”.

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