Aunque la nueva regla de “carga pública” que propone el Gobierno del presidente Joe Biden es más relajada que el intento de 2019 de la Administración de Donald Trump, mantiene el principio marcado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que busca asegurar que los inmigrantes puedan valerse por sí mismos.

A pesar de que el nuevo reglamento propuesto no castiga la pobreza de las personas, sí mantendrá un marcaje en quienes abusen del sistema de ayudas sociales, es decir, que soliciten apoyos constantes y pidan beneficios económicos.

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Las ayudas económicas que darían puntaje negativo a los inmigrantes son:

> Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

> Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

> Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.

> La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con seguro médico).

Es importante remarcar que esta regla todavía no está vigente, pues debe pasar un proceso administrativo de varios meses.