BAKERSFIELD, CA – El jueves pasado, el Fiscal General del estado de California, Rob Bonta, anuncio que los supervisores del Condado de Kern discriminaron contra la organización BHC-Kern y Adelante al violar sus derechos constitucionales, al igual que otras organizaciones tales como la Fundacion Dolores Huerta, Jakarta Movement, Vision y Compromiso, que son parte del conglomerado de BHC-Kern.

    La junta de Supervisores del Condado de Kern negó a estas organizaciones mas de $1 millon  en fondos estatales para el COVID-19 en relación con proyectos hechos por la misma junta en octubre del 2020.  Esto sucedió cuando el supervisor Zack Scrivner, anuncio a la junta que la organización Building Healthy Communities había puesto un comentario que no apoyaba a la policía en su pagina de Facebook.

     “La meta de esta campana y del alcanze era de salvar vidas”, comento Reyna Olaguez, presidenta y directora ejecutiva de Building Healthy Communities Kern. “Era salvar vidas por medio de la educación e inspirar a la gente a que tomaran acción para limitar el contagio del COVID durante el tiempo mas critico de la pandemia”.

     Bonta concluyo que el Condado de Kern discrimino en contra de BHC-Kern y Adelante por su actividad y punto de vista políticos, en violación de sus derechos de la libertad de expresión, petición y asociación. Al negar los contratos a BHC Kern y Adelante, el Condado también negó a la comunidad vulnerable del condado a recibir la necesaria educación critica sobre el COVID-19 en varios idiomas durante el pico de la pandemia.

    En octubre del 2020, el condado se negó a conceder los contratos con ciertos contratistas para ayudar con la respuesta de salud publica del Condado sobre el COVID-19 debido al ejercicio del derecho de libertad de expresión por parte de los contratistas, incluidos sus derechos de libertad de expresión, asociación y petición.  El Condado lo hizo a pesar de que los contratistas ya estaban trabajando para recibir una compensación en virtud e los contratos propuestos bajo la direccion del Condado.

    De tal manera que el Departamento de Justicia econtro evidencia que genero la preocupación de que algunos supervisores actuales y pasados puedan haber incurrido en discriminación de puntos de vista en el pasado y que algunos puedan hacerlo en el futuro al tomar decisiones de contratación u otras decisiones de financiamiento publico.   

     “La discriminación, los hechos erróneos que ocurrieron en octubre del 2020 sobre la negación de contratos a nuestra alianza y a Adelante también negaron a las comunidades mas vulnerables el recibir educación valiosa sobre el COVID-19 en varios idiomas durante el pico de la pandemia”, agrego Olaguez.

   Adicionalmente, el Departamento de Justicia concluyo que, al considerar los posibles contratos públicos u otras oportunidades de financiamiento gubernamental, algunos supervisores pudieron haber actuado en el pasado, y pudieron haber estado preparados para el futuro, sobre la base de una creencia incorrecta de que las organizaciones benéficas 501 (c)(3), son organizacione con estado exento de impuestos que no pueden participar en ninguna actividad política y que, por lo tanto, el Condado esta legítimamente justificado al discriminar a las organizaciones que el Condado considera políticamente activas.

    Sin embargo, el Departamento de Justicia no econtro evidencia de que el Condado incurriera en un patron o practica de violaciones de los derechos de libertad de expresión en relación con los contratistas o empleados del Condado de Kern durante el periodo cubierto por la investigación.

    Olaguez agrego que le daba las gracias al Condado por haber tomado los pasos importantes y de llegar a una conclusión con el Departamento de Justicia, y de llegar al acuerdo de implementar varias actividades para evitar la discriminación basadas en la libertad de expresión, contratar a un experto en libertad de expresión y a un coordinador para que entrenen al personal del condado y honrar la petición de junta con su alianza.