Algunas escuelas pagan a oficiales cuyos salarios ya están financiados por ciudades y condados
PRINCIPALES CONCLUSIONES
- Los distritos escolares están pagando a las ciudades y condados millones de dólares para colocar oficiales de policía en las escuelas.
- Las juntas escolares elegidas aprueban regularmente el gasto en servicios policiales sin comentarios ni escrutinio a través de votaciones generales sin aportes públicos.
- Las agencias de aplicación de la ley a veces no proporcionan a los distritos escolares informes sobre las actividades de los oficiales a pesar de las obligaciones contractuales de hacerlo.
Muchos distritos escolares de California pagan a las ciudades y condados millones de dólares al año para poner agentes de la ley en los campus, transfiriendo el dinero de los impuestos asignados a la educación a la policía con poca supervisión por parte de las juntas escolares electas, según una investigación de EdSource.
No todos los distritos tienen lo que comúnmente se llama oficiales de recursos escolares. Muchos llaman al 911 si necesitan ayuda, y 20 tienen sus propios departamentos de policía. Otros tienen contratos con ciudades y condados, que proporcionan oficiales de recursos de las filas de la policía local, los alguaciles y los departamentos de libertad condicional.
California no recopila datos sobre la vigilancia escolar. Utilizando solicitudes de la Ley de Registros Públicos, EdSource obtuvo contratos policiales de 89 distritos, casi el 10% del total del estado.
Esos distritos proporcionaron un total de 118 contratos, celebrados entre 2018 y 2024, y algunos pagaron hasta a tres ciudades y condados por oficiales de recursos. Los acuerdos, junto con las agendas de la junta escolar y los videos de las reuniones, muestran que los líderes del distrito rara vez examinan el gasto públicamente.
Las juntas escolares aprueban rutinariamente los contratos policiales sin discusión, a menudo combinándolos con elementos de rutina, como excursiones y galletas para las reuniones del personal, en un solo voto. La práctica, conocida como el uso de una "agenda de consentimiento", alarma a los expertos en transparencia del gobierno. EdSource descubrió que algunas juntas aprobaron cientos de miles de dólares para los oficiales de recursos escolares utilizando votos de consentimiento.
Aunque el gobierno federal recomienda que los distritos escolares revisen sus programas policiales anualmente, la mayoría de los contratos revisados por EdSource no requerían evaluaciones anuales. En los pocos distritos que requerían informes escritos sobre las actividades de los oficiales, las agencias policiales no los presentaban, y los funcionarios escolares rara vez pedían verlos.
El Departamento de Educación del estado no ofrece orientación a los distritos sobre los contratos policiales, dijo Elizabeth Sanders, portavoz de la agencia.
"Los artículos de consentimiento pueden ser horriblemente abusados", dijo David Loy, asesor legal de la Coalición de la Primera Enmienda
Los contratos obtenidos por EdSource muestran que los distritos gastaron al menos $85 millones en oficiales de recursos escolares. Pero es probable que sus costos totales sean mucho más altos. Aproximadamente el 20% de esos contratos no incluyen montos específicos en dólares.
En cambio, mencionan cargos no especificados basados en contratos sindicales de aplicación de la ley negociados por ciudades y condados. Como resultado, las juntas escolares a veces aprueban contratos sin un registro claro de cuánto dinero público han acordado gastar.
EdSource descubrió que muchos distritos no solo están pagando por oficiales cuyos puestos ya están financiados por los gobiernos locales, sino también por usar autos de policía, uniformes y teléfonos celulares.
Los costos para las escuelas sorprendieron a los expertos policiales y a los organismos de control público.
"Se trata de proteger y servir, y de obtener ganancias", dijo la jueza jubilada de la Corte Superior del estado, LaDoris Cordell, quien también se desempeñó como auditora independiente de la policía de San José de 2010 a 2015.
Dijo que las ciudades y los condados deberían proporcionar oficiales de recursos a las escuelas sin cobrar.
"Es una vergüenza que hayan convertido esto en una operación para hacer dinero", dijo Cordell.
"Un servicio mejorado"
En muchos distritos, el costo de un contrato para un oficial de recursos a menudo excede el salario de un maestro a mitad de carrera.
El Distrito Escolar Unificado de Holtville en el Condado Imperial tiene un contrato de un año con el condado para un ayudante del alguacil que no exceda los $192,038.40.
Eso es suficiente dinero para financiar los salarios de casi dos maestros, según los formularios de divulgación de pago de maestros presentados ante el estado.
El contrato requiere que el distrito pague por la "capacitación, equipo, uniforme, vehículo, suministros y beneficios para empleados" del oficial, escribió el subalguacil Robert Benavidez en un correo electrónico. El superintendente de Holtville, Celso Ruiz, no respondió a las preguntas sobre el gasto en oficiales.
Algunos distritos gastan más de un millón de dólares al año en oficiales de recursos.
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove tiene 67 escuelas y 62,000 estudiantes, y paga a la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento $8.5 millones durante tres años para proporcionar seis agentes.
El contrato, que expira en junio, incluye casi $648,000 para patrullas y $15,000 para facturas de teléfonos celulares, y garantiza a los agentes cinco horas extras por semana. El distrito también paga a la ciudad de Elk Grove $951,000 durante tres años por tres oficiales.
El sargento Amar Gandhi, portavoz de la oficina del alguacil, dijo que el distrito está "pagando por un servicio mejorado", que requiere que los agentes pasen todo el día en las escuelas.
Cuando se le preguntó si los agentes asignados al distrito se contaban en el presupuesto anual del alguacil financiado por el condado, Gandhi respondió: "Sí, para los servicios regulares del alguacil".
Pero cuando los agentes trabajan en las escuelas, dijo, brindan un servicio por el cual el alguacil tiene derecho a cobrar.
"Estos no son oficiales que simplemente responden a emergencias", dijo Gandhi. "Están en el campus. Esa es su tarea a tiempo completo. Están ayudando a la administración. Es un problema de presencia. Es algo que valoramos".
Si el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove terminara su contrato con el condado, lo que podría hacer con un aviso de 30 días, los agentes "serían asignados a funciones regulares del alguacil, en patrullas, investigaciones, correcciones, lo que sea", dijo Gandhi, señalando que la oficina del alguacil tiene una gran cantidad de puestos vacantes y presupuestados.
"Doble imposición"
Muchos distritos pagan más de la mitad o la totalidad de los salarios de los oficiales cuyos puestos ya están financiados por ciudades y condados.
En el condado de Ventura, el Distrito de Escuelas Secundarias de Oxnard Union actualmente tiene contratos con dos ciudades y la oficina del alguacil. El más grande es un acuerdo de $2.23 millones con la ciudad de Oxnard para cinco oficiales de policía, que incluye el 75% de los costos de la ciudad para los salarios y beneficios de los oficiales.
El distrito paga los costos totales de un oficial como parte de su pacto de tres años y $625,000 con la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura. También tiene un acuerdo con la ciudad de Camarillo para los servicios policiales.
Karen Sher, miembro de la junta directiva de Oxnard Union, quien se describe a sí misma como una defensora de los oficiales de recursos escolares, le dijo a EdSource que cobrar a los distritos por los oficiales cuyos puestos ya están financiados equivale a una "doble imposición".
"El contribuyente paga dos veces por los mismos servicios", dijo Sher.
"Realmente no entiendo cómo esto no es un problema mayor. He hecho la pregunta públicamente. Ni siquiera puedo decirte cuántas veces, y nunca he recibido una respuesta", dijo.
El alcalde de Oxnard, Luis McArthur, quien, hasta que asumió el cargo el 8 de diciembre, era el comandante de la Policía de Oxnard a cargo de los oficiales de recursos escolares, dijo que la ciudad no puede darse el lujo de proporcionar los oficiales sin cobrar al sistema escolar. El presupuesto del departamento para 2024-25 es de 105 millones de dólares, según muestran los registros.
"Estamos limitados financieramente y también con poco personal", dijo McArthur.
"Podemos discutir filosóficamente si es responsabilidad de la policía financiar" a los agentes, pero es probable que los cargos continúen, dijo.
Los distritos no deberían financiar a funcionarios que ya están en las nóminas del gobierno, dijo David Kline, vicepresidente de comunicaciones de la Asociación de Contribuyentes de California, que aboga por limitar los impuestos.
"Si los contribuyentes están pagando por dos puestos de oficiales de policía, deberían obtener dos oficiales de policía", dijo Kline. "No deberían pagar dos veces por el mismo oficial".
No todos los municipios cobran por proporcionar oficiales de recursos.
El año pasado, los votantes en las ciudades del Valle Central de Manteca y Lathrop aprobaron medidas de impuestos sobre las ventas que financian una variedad de servicios, incluidos los oficiales de recursos para el Distrito Escolar Unificado de Manteca, que apoyaron las medidas.
"No creemos en la doble tributación", dijo Victoria Brunn, directora de negocios e información del distrito.
Pero el distrito de Manteca también tiene un contrato de dos años y $274,000 con el Distrito Escolar Unificado de Stockton, que tiene su propio departamento de policía, para un oficial.
Los costos compartidos son comunes en todo el país, dijo Mo Canady, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Oficiales de Recursos Escolares, con sede en Alabama. El porcentaje del salario de un oficial que pagan los distritos varía ampliamente, dijo. "Algunos pueden pagar el 25%, mientras que otros pagarán el 100%".
Canady recomienda que las juntas escolares revisen los contratos policiales anualmente. "Llegas al final del año escolar y nadie piensa: 'Oye, tenemos que tomarnos una o dos horas aquí y sentarnos con las personas que van a tomar decisiones y al menos revisar esto'".
"En caso de un intruso armado"
Una encuesta publicada a principios de este mes por el Instituto de Políticas Públicas de California mostró que 4 de cada 5 padres de escuelas públicas están preocupados por un tiroteo masivo en su escuela local, y casi la misma cantidad apoya tener al menos un oficial de policía armado en el campus mientras la escuela está en sesión.
Los contratos obtenidos por EdSource rara vez mencionan el papel que juegan los oficiales armados en la seguridad de los estudiantes.
El contrato de tres años del Distrito de Escuelas Secundarias Anderson Union con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Shasta. El departamento no menciona la seguridad escolar. Pero el superintendente Brian Parker dijo que es por eso que el distrito está pagando $1.6 millones por tres oficiales de recursos hasta 2027.
"La razón principal por la que nuestra junta y nuestra comunidad quieren oficiales en el campus es para brindar seguridad en caso de un intruso armado", escribió Parker en un correo electrónico. "Afortunadamente, eso no ha sucedido en nuestro distrito".
Muchos contratos requieren que los oficiales dividan su tiempo entre varios campus, lo que podría reducir su capacidad para responder rápidamente a un tiroteo.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., había alrededor de 24,900 oficiales de recursos escolares en 2019. El gobierno federal no recopila datos sobre tiroteos escolares, pero según una base de datos del Washington Post, ha habido al menos 428 tiroteos escolares en Estados Unidos desde 1999, incluidos 72 en California.
Si la presencia de oficiales de recursos escolares hace que las escuelas y los estudiantes estén más seguros sigue siendo objeto de investigación y debate. En 2024, los analistas de políticas del Instituto Rand, un grupo de expertos no partidista, revisaron docenas de estudios y descubrieron que "la presencia de SRO (oficiales de recursos escolares) puede reducir algunos tipos de delitos y aumentar la detección de armas y drogas en el campus".
Pero, escribieron los analistas de Rand, "la investigación también ha demostrado que la presencia de SRO inflige costos a los estudiantes. Los estudiantes de las escuelas con SRO tienen más probabilidades de enfrentar medidas disciplinarias por parte de las administraciones escolares y más contacto con las fuerzas del orden en general. Los estudiantes negros y latinos pueden verse particularmente afectados".
"Queríamos verlo todo"
El año pasado, la Junta Escolar Unificada de Folsom Cordova decidió examinar sus contratos policiales con la ciudad de Folsom y la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, por un total de $502,000. Esos contratos se habían mantenido prácticamente sin cambios durante 12 años, dijo el presidente de la junta, Christopher Clark.
"Lo que queríamos hacer como distrito escolar es ser transparentes. Queríamos ver todo en el contrato", dijo Clark a EdSource.
En una reunión de la junta en mayo pasado para discutir los contratos, los oradores expresaron su preocupación por el impacto que los oficiales de policía tenían en los estudiantes negros y latinos.
Van Merrill, miembro de la junta estudiantil, dijo que le preocupaba tener "policías armados en el campus". Dijo que el distrito tiene muchos estudiantes que provienen de grupos que "históricamente han sido discriminados, arrestados y asesinados por la policía".
Earl F. Smith, un padre que intentó hablar con la policía sobre un problema con su hija en la escuela, le dijo a la junta que un administrador de la escuela secundaria Folsom lo describió a un oficial de recursos como "un hombre negro enojado y delirante".
"Tengo miedo de ir a la escuela secundaria Folsom", dijo Smith. Se refirió al tiroteo fatal de 2018 de un hombre negro desarmado de 22 años por parte de dos oficiales del Departamento de Policía de Sacramento que dijeron que confundieron su teléfono con una pistola.
"Es fácil tomar decisiones equivocadas. Es duro para el oficial. Es duro para la comunidad", dijo Smith. "Me gustaría que la junta considere la perspectiva de que tal vez solo una cierta cantidad de estudiantes se sentirían cómodos con un oficial".
En una entrevista telefónica, Smith dijo: "No creo que deba haber un oficial en una escuela caminando con un arma".
Clark, el presidente de la junta, que es negro, le dijo a EdSource que Smith "absolutamente" expresó preocupaciones válidas. "Hablo como afroamericano", dijo Clark. "Somos estereotipados. Venga, sí. He sido estereotipado por un oficial de policía".
La junta finalmente aprobó un cambio en el contrato, requiriendo que los oficiales pasen más tiempo patrullando las áreas alrededor de las escuelas y que respondan a emergencias en las escuelas cuando sea necesario.
"Lo que funciona para mí es que estos oficiales realmente están patrullando el área", dijo Clark a EdSource. "Si hay una emergencia, el tiempo de respuesta es de tres minutos y medio. Creo en la seguridad de nuestros hijos".
"Desconocimiento" de los requisitos
El Departamento de Justicia de EE. UU. recomienda que las agencias de aplicación de la ley y los distritos escolares "realicen una evaluación anual" de los programas de oficiales de recursos para garantizar que estén abordando adecuadamente todas las expectativas, éxitos y desafíos".
Tanto el liderazgo escolar como el policial deben revisar los datos y registros de las fuerzas del orden para ayudar a determinar si los agentes "están utilizando sus poderes de aplicación de la ley de manera juiciosa", según las recomendaciones del departamento.
Pero muchos distritos escolares no buscan ni reciben esos datos, incluso cuando los requieren por contrato.
El Distrito Escolar Unificado de Manteca en el condado de San Joaquín tiene un contrato de un año y $125,000 para una oficina de recursos con el Distrito Escolar Unificado de Stockton, que tiene su propio departamento de policía. El contrato requiere que los oficiales documenten "el tipo, la naturaleza y/o la descripción de las actividades realizadas en cada turno" para ayudar a los funcionarios escolares a evaluar la efectividad del programa. Los informes se presentarán trimestralmente.
El contrato también requiere que la Policía Unificada de Stockton proporcione "copias de informes de incidentes, delitos, servicios y otros informes generados por la policía, órdenes de registro y otros documentos públicos que se refieran a actividades delictivas sustanciales reales o potenciales".
Pero EdSource descubrió que la policía del Distrito Escolar Unificado de Stockton no entregó tales documentos a Manteca. Cuando se le preguntó por qué no se proporcionaron los informes, la jefa del Distrito Escolar Unificado de Stockton, Mayra Franco, dijo que no sabía nada sobre ellos.
"No estábamos al tanto de este requisito", escribió en un correo electrónico, y agregó que su departamento comenzaría a proporcionar los documentos.
Brunn, director de negocios del Distrito Escolar Unificado de Manteca, calificó de "muy desafortunado" el hecho de que el Distrito Escolar Unificado de Stockton no haya proporcionado los documentos. Pero también dijo que nadie en su distrito los pidió.
"Tuvimos cambios de empleados durante ese período de tiempo. No es lo que hubiéramos preferido que sucediera", dijo.
Parker, el superintendente del Distrito de Escuelas Secundarias Anderson Union, dijo que su contrato con la Oficina del Sheriff del Condado de Shasta, que solía proporcionar oficiales de recursos escolares, requería que los agentes prepararan informes trimestrales de actividades sobre sus actividades y los proporcionaran al distrito "a pedido".
Pero el distrito "nunca los solicitó", dijo Parker, y ya no tiene un contrato con la oficina del alguacil. El contrato actual del distrito con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Shasta no incluye ningún requisito de presentación de informes.
Canady, de la asociación de oficiales de recursos escolares, cuestionó si los informes son necesarios.
"¿Qué iría en un informe?", preguntó. "No creo que sea algo que los distritos escolares hayan estado exigiendo. Si tienes una buena asociación con la agencia de aplicación de la ley, no debería haber necesidad de informes".
El año pasado, durante el debate sobre los contratos de aplicación de la ley para el Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova, Kara Lofthouse, miembro de la junta escolar, dijo que los informes son cruciales para comprender la efectividad de los programas policiales.
Son necesarios "para que podamos determinar si es o no una decisión inteligente" seguir pagando a la policía. Sin ellos, agregó Lofthouse, "no podemos tomar una decisión acertada sobre lo que es mejor para nuestro distrito".
Dijo que los oficiales deben escribir informes para "mostrar a las escuelas a las que van, incluso si no están haciendo nada, incluso si se están comunicando con el director y almuerzan con un par de niños. Ese es realmente el informe que quiero ver. Quiero ver a qué se dedica su tiempo".
El contrato del Distrito Escolar Unificado de Tracy con la ciudad de Tracy requiere que la policía proporcione "estadísticas relacionadas con el crimen si así lo solicitan". Pero el distrito le dijo a EdSource que no tenía ningún documento con esos datos. Tampoco respondió directamente a las preguntas sobre cómo determinó si los servicios policiales fueron exitosos.
"Nuestro distrito trabaja muy de cerca con nuestros oficiales y la Policía de Tracy. Nos comunicamos a través de reuniones en persona, llamadas telefónicas, etc.", escribió Bobbie Etcheverry, portavoz del distrito, en un correo electrónico.
Votos de consentimiento
Algunas juntas escolares aprobaron cientos de miles de dólares para que los oficiales de recursos usaran votos de consentimiento generales, según muestran los registros.
Los contratos policiales requieren más escrutinio y "no deberían estar en las agendas de consentimiento", dijo Barbara Fedders, profesora de derecho de la Universidad de Carolina del Norte que ha escrito sobre la vigilancia escolar en California y es miembro de la junta escolar.
"El lenguaje de su contrato para un proveedor de parques infantiles no implica sus valores como distrito escolar de la misma manera que lo hace un (contrato) con la policía", dijo Fedders.
"Los artículos de consentimiento pueden ser horriblemente abusados", dijo David Loy, asesor legal de la Coalición de la Primera Enmienda, que aboga por la transparencia gubernamental y la libertad de prensa.
Loy dijo que dos votos de la junta escolar identificados por EdSource pueden haber violado la Ley Brown, la ley estatal que requiere que los cuerpos legislativos locales realicen reuniones abiertas y transparentes.
El orden del día de la reunión de la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, sección VI.10, especifica que los contratos de la lista adjunta "están por debajo del límite de oferta de $99,100.
En junio de 2022, la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove aprobó sus contratos actuales con la Oficina del Sheriff de Sacramento y la ciudad de Elk Grove en un voto de consentimiento.
En el orden del día convenido de la reunión se indicaba que todos los temas objeto de examen no costaban más de 99.100 dólares. Pero los contratos con la Oficina del Sheriff y la ciudad incluyeron pagos por $2.7 millones y $317,000, respectivamente.
La lista a la que se hace referencia en la agenda incluye dos contratos de aplicación de la ley por un valor combinado de 3 millones de dólares, ambos muy por encima de los 99.100 dólares declarados.
"Si una agencia dice: 'No te preocupes, no hay nada que ver aquí, todo lo que está en la agenda de consentimiento está por debajo de $99,100', y de hecho, lo que está en la agenda de consentimiento es más de $99,100 durante la vigencia del contrato, eso es en sí mismo una violación de la Ley Brown", dijo Loy. "Argumentaría firmemente en la corte que no se puede engañar al público".
Kristen Coates, superintendente adjunta del distrito, escribió en un correo electrónico que el distrito no violó la Ley Brown porque la ley no contiene "ningún requisito para agregar artículos basados en cifras en dólares".
Rechazó múltiples solicitudes para ser entrevistada. El presidente de la junta, Michael Vargas, no respondió a los mensajes.
Una votación en el condado de San Joaquín también plantea preguntas sobre cómo las juntas aprueban los contratos policiales.
En 2022, la junta del Distrito Escolar Unificado de Tracy votó a favor de una agenda consensuada que incluía "acuerdos de rutina, gastos y avisos de finalización". Como parte de esa votación, la junta aprobó un contrato de $900,000 con la ciudad de Tracy para proporcionar tres oficiales de recursos.
El contrato no figuraba en el orden del día convenido. Un informe adjunto a la agenda de la reunión dijo que el contrato era por 450.000 dólares por dos años. La junta no discutió el contrato antes de votar.
"El público comprometió 900.000 dólares, no 450.000 dólares", dijo Loy. "Como mejor práctica, estas cosas no deben estar en el consentimiento. El público tiene derecho a saber cuál es la obligación total durante la vigencia del contrato".
En una entrevista, el superintendente de Tracy, Robert Pecot, no explicó por qué la agenda tergiversó el costo del contrato. "No estamos ocultando nada", dijo. "La gente es bienvenida a venir a nuestras reuniones".
Loy dijo que los legisladores deben enmendar la Ley Brown "para limitar el uso de agendas de consentimiento". Temas como los contratos de policía escolar deben ser debatidos, dijo. "Deberían pasar por todo el proceso democrático. Definitivamente, pide a gritos una reforma política significativa".
Prácticas "descuidadas"
Algunas juntas escolares esperan meses o incluso años para ratificar los contratos de los oficiales de recursos y, en algunos casos, mucho después de que esos contratos hayan entrado en vigor o expirado, encontró EdSource. Según la ley estatal, los superintendentes escolares pueden acordar los términos del contrato, pero esos acuerdos no son válidos hasta que las juntas escolares los aprueben, un proceso conocido como ratificación.
El Distrito de Escuelas Secundarias Bret Harte Union en el condado de Calaveras tiene un contrato policial de un año con la ciudad de Angels Camp con una fecha de inicio programada para el 2 de julio de 2024. La junta del distrito votó para ratificar ese contrato el 4 de febrero de 2025. Para entonces, la ciudad había facturado al distrito más de $35,000 por un oficial de recursos, según muestran los registros.
Los largos retrasos en la ratificación son "una práctica presupuestaria extremadamente mala", dijo Kline, de la Asociación de Contribuyentes de California. "¿Qué sucede si la junta escolar vota 'no' a un contrato siete meses después de haber sido firmado?"
Es "un gran problema de transparencia", agregó. "Los contribuyentes no han tenido su aviso y la oportunidad de expresar sus opiniones".
La junta de Bret Harte tampoco ratificó un contrato separado con Angels Camp hasta dos años después de que expiró, votando solo después de que EdSource planteara preguntas al respecto.
El superintendente Scott Nanik inicialmente afirmó que el distrito no podía producir un contrato policial para el año escolar 2022-23. Pero los registros de Angels Camp muestran que la ciudad facturó al distrito casi $45,000 por servicios policiales para ese año escolar.
Nanik había firmado el documento el 2 de agosto de 2022. El mes pasado, la junta votó sin comentarios para ratificar retroactivamente el acuerdo.
Byron Smith, un abogado del distrito, escribió en un correo electrónico que el voto de ratificación tardía se realizó bajo una parte de la ley estatal que permite a los distritos escolares la "flexibilidad para crear sus propias soluciones únicas" y gastar dinero "que no sea inconsistente con los propósitos para los que se asignaron los fondos".
Los líderes de Bret Harte "están comprometidos a hacer las cosas de la manera correcta y legal", dijo Smith.
El profesor David Levine, de la Universidad de California en Derecho de San Francisco, dijo que la junta probablemente votó para evitar cualquier posible litigio al hacer que el contrato sea "un gasto adecuado".
"Imagínese si tuviera un tábano diciendo que no era un uso adecuado de los fondos públicos" y demandando porque nunca hubo una votación, dijo Levine. El distrito había sido "claramente descuidado", agregó.
Las juntas escolares "deberían aprobar los contratos antes de que comience el trabajo relacionado, no después", dijo Troy Flint, vocero de la Asociación de Juntas Escolares de California.
EdSource encontró otra junta escolar, el Distrito Escolar Unificado de Benicia en el condado de Solano, que no había votado para ratificar un contrato policial de $225,000 con la ciudad de Benicia para los años escolares 2023-2025.
En respuesta a las preguntas de un reportero, el superintendente de Benicia, Damon Wright, reconoció que el distrito cometió un error. "El contrato debería haber sido devuelto formalmente a la junta para su aprobación final", dijo.
El 10 de abril, tres meses antes de que expire el contrato, la junta aprobó el acuerdo, sin discusión, en la agenda consensuada.