Los Ángeles, 3 abr (EFEUSA).- El senado estatal aprobó hoy un proyecto de ley que convierte a california en un «estado santuario» para indocumentados, convirtiéndose el primer estado del país en tomar una iniciativa en ese sentido.
El proyecto de ley SB54, presentado por el presidente encargado del senado, el demócrata Kevin de León, prohíbe que las recursos locales de control de la ley se utilicen para ayudar en su trabajo a las autoridades federales de inmigración.
»Nuestros preciados recursos locales de control de la ley serán malgastados si la policía es sacada de sus funciones para arrestar a las camareras, meseros, madres y padres que cumplen la ley», dijo hoy De León tras lograr la aprobación de su proyecto en el senado.
El senador hispano insistió sobre este argumento que ha venido repitiendo como parte de su defensa a la denominada Ley de Valores de California, que ahora pasa a estudio de la Asamblea.
»La confianza (en las autoridades locales) se perderá, los crímenes no serán denunciados por temor a la deportación, (y) los criminales seguirán estando libres para victimizar a otros», argumentó.
Para poder ser aprobada, la SB54 incluyó la garantía de que las autoridades locales y estatales notificarán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con 60 días de antelación, sobre los delincuentes convictos de delitos graves o violentos que vayan a ser dejados en libertad.
Otra modificación también facilita a las autoridades locales transferir bajo la custodia de ICE a los delincuentes que previamente hayan sido deportados por un delito grave.
Además de la SB54, que pasó con 27 votos a favor y 12 en contra, también fueron aprobadas hoy las iniciativas SB6 y SB31, que a la vez buscan favorecer a la comunidad inmigrante.
La SB6 presentada por el representante del Distrito 40, el demócrata Ben Hueso, dispone dinero del estado para ofrecer servicios legales gratuitos a los indocumentados en proceso deportación que no pueden pagar un abogado para su caso.
Mientras que la SB31, del representante del Distrito 33, el también demócrata Ricardo Lara, prohíbe que las agencias locales o estatales compartan con las autoridades federales «información personal identificable», relacionada a las creencias o afiliaciones religiosas de las personas, al igual que su país de origen o su etnia.
A pesar de las modificaciones, la aprobación de la Ley de Valores de California es un acto de oposición abierta a las medidas de control de inmigración que está aplicando la Administración del presidente Donald Trump.
Por ese enfrentamiento, según anunció la semana anterior el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, el estado y las ciudades podrían perder recursos financieros provenientes del Gobierno federal.
Un análisis del presupuesto estatal de California realizado por el Instituto de política Pública de California señaló que 36 % del presupuesto de gastos del Estado Dorado proviene de aportes del Gobierno federal. EFEUSA