La administración del presidente Donald J. Trump ha puesto en el cuestionario del Censo 2020 una pregunta que pide el estado de ciudadanía de cada persona en la residencia donde se realiza el censo.  La pregunta en sí fue autorizada por el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, tras haber sido manipulado políticamente por miembros de la presente administración.

       En un foro telefónico nacional que se llevó a cabo el pasado miércoles, 30 de enero, expertos hablaron sobre las posibles y graves consecuencias que sucederán si es que esta pregunta es utilizada en el cuestionario del Censo 2020.  “Esta pregunta es uno de los temas más urgentes sobre los derechos humanos en este país” dijo Beth Lynk, directora del la Campaña del Censo Cuenta. “El Departamento del Censo ha tenido más de una década para probar las preguntas que se harán en este censo y dado a la presión política, el secretario de comercio, Wilburn Ross, agregó esta pregunta al censo”.

        Por eso, el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos del Distrito de Nueva York, Jesse M. Furman puso un paró a la implementación de esta pregunta en el censo que aparentemente ayudaría a la presente administración a no contar a varias minorías y con la posibilidad de obtener ganancias políticas.

        “Esta pregunta es dañina a nuestras comunidades”, dijo John Yang, presidente y director ejecutivo del grupo asiático americano avanzando en justicia (AAJC siglas en inglés). Al herir a las comunidades a de minorías a través de la nación reducirá aún más la participación de los inmigrantes y de las comunidades hispanas, que hará que bajara la calidad de la información obtenida, reduciendo los fondos federales, negando beneficios a aquellas personas que los necesiten y debilitando la representación de la comunidad en el gobierno.

         Las personas más afectadas van a ser los hijos de familias mixtas, quienes tienen a un padre o madre de descendencia blanca y el otro de otra raza considerada “no blanca” o una minoría, por ejemplo “hispano” o “asiático”, no importando si uno de sus padres es de raza blanca.

        En realidad, las cifras demográficas del censo deben de reflejar no solamente a los blancos y no blancos, pero también el grupo de personas que se ven, o son vistos por otros, como atrapados entre los dos grupos. “Yo pienso que en la forma en que (el Censo) se proyectó a la población exagera el grado del cambio étnico-racial porque no toma en cuenta la combinación que está ocurriendo en algunas partes de la población latina y asiática” dijo el profesor Richard Alba, sociólogo y profesor de la Universidad Ciudadana de Nueva York (CUNY) en una entrevista con el noticiero NBC.

        “Esta pregunta esta diseñada para borrar la presencia de latinos e inmigrantes en el país”, comentó Angela Manso, del fondo educativo NALEO. “El congreso americano tiene un papel a seguir y deben de seguirlo, debemos de pedirle al congreso que escriban legislatura pidiéndole al Departamento del Censo a que elimine esta pregunta”, agregó Manso.

        Manso continuó diciendo que esta pregunta trae nada más que preocupación, miedo y reluctancia para contestar el cuestionario y sus preguntas.

        Otros expertos como Jeri Green, asesora senior de censo de la Liga Urbana Nacional, dijo que esta pregunta es un sabotaje a la representación congresional y electoral. Y que debemos comunicarnos con nuestros representantes del congreso y pedirles que remuevan y borren esta póliza discriminatoria.

        En un artículo escrito por el New York Times, se dijo que el opositores a esta pregunta acusaron a la administración del presidente Trump de deliberadamente intentar de disuadir a los no ciudadanos a no ser contados, mientras abogados de los acusantes como el abogado general del estado, municipalidades y grupos de la defensa a la libertad cívica dijeron que la decisión de agregar la pregunta había sido “diseñada por ingeniería inversa” para agregar una apariencia de legalidad, luego se disfrazó en un registro oficial que “probablemente fue falsificado”.

       En una entrevista con Reyna Olaguez, ex directora de Comunicaciones del Censo, directora de comunicaciones de Construyendo Comunidades Saludables – Kern y publicista del South Kern Sol, dijo que el censo decenal es la oportunidad para asegurar las comunidades obtengan los recursos que necesitan durante los próximos diez años. Un conteo insuficiente de la población latina tendrá un impacto significativo en la representación de los latinos en el Valle Central, ya que los distritos legislativos se vuelven a dibujar cada diez años utilizando datos del Censo y un conteo incompleto puede impactar a nuestra comunidad negativamente y y afectar la salud entre las comunidades inmigrantes.

         “Nuestro clima político actúal ya está creando un clima de temor entre nuestras comunidades”, dijo Olaguez. “Este es un grave problema de salud pública cuando las personas indocumentadas tienen miedo de utilizar los servicios de salud pública. Debemos de estar firmes y asegurarnos de que todos nuestro amigos, familiares y vecinos sean contados”, agregó.

         Olaguez comentó que esta clase de preguntas no tienen lugar en el Censo 2020, ya que esta creando temor entre las comunidades inmigrantes. Aparte, uno debe de saber que el censo es seguro, ya que esta información es confidencial por 72 años.  

          Expertos en este foro indicaron que el recuento insuficiente de minorías distorsionaría la asignación de cientos de miles de millones de dólares en fondos federales, distorsionaría las decisiones comerciales basadas en datos del censo y posiblemente alteraría la redistribución de los distritos políticos locales y estatales para el año 2121. Primordialmente debido a que las personas que no son ciudadanos viven en zonas que votan por demócratas, causando un deslave en los totales del censo y aumentando la representación republicana.

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