Desde su oficina en la Iglesia Cristo Rey en Lansing, Michigan, Oscar Castañeda dirige una campaña contra una nueva prisión federal para inmigrantes, parte de la escalada de la aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump.
En mayo de 2019, la administración Trump otorgó un contrato de diez años y $398 millones a The GEO Group, la corporación privada de prisiones más grande del país, para reabrir una prisión cerrada de Michigan. Ubicada en la zona rural de Baldwin, Mich., la Instalación Correccional de North Lake abrió a fines de 2019 con una capacidad de 1,800.
En Cristo Rey, Castañeda convoca reuniones semanales de Centros de No Detención en Michigan, una coalición de organizaciones e individuos que luchan para mantener el estado libre de instalaciones de encarcelamiento de inmigrantes, incluida la prisión de North Lake. El tema ha atraído a una “gran variedad de personas”, dice Castañeda. “Por primera vez, estamos logrando cierta unidad a nivel estatal”.
A diferencia de los centros de detención, que son administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la instalación de North Lake es una prisión de Requisito de Extranjería Criminal (CAR), que es administrada por la Oficina de Prisiones (BOP). Estas instalaciones son específicamente para no ciudadanos que han sido condenados por delitos federales. A menudo, el delito es “reingreso por delito grave”, o un segundo cruce fronterizo no autorizado, que conlleva una sentencia típica de dos años (más para aquellos con antecedentes penales anteriores). Después de cumplir su condena, todavía son deportados.
“Los llamamos prisiones en la sombra”, dice Bárbara Suárez Galeano, directora organizadora de Detention Watch Network. A menudo ubicadas en áreas rurales, las prisiones de CAR están “escondidas de la vista pública”, dice Galeano, y su administración privada las protege del escrutinio público.
Castañeda trabaja como organizadora a tiempo parcial con Action of Greater Lansing, una asamblea de congregaciones en el área de Lansing, ubicada en Cristo Rey. Además de abordar las necesidades cotidianas, como los servicios legales, de los inmigrantes que visitan su oficina, con frecuencia habla en manifestaciones de inmigración y aparece en programas de radio en nombre de la campaña contra la prisión de North Lake.
Sentado en su oficina, Castañeda dice: “hace un par de meses fue difícil y doloroso comprender que no podríamos evitar que se abriera la prisión de North Lake”. Pero hoy tiene esperanzas de ganar la batalla para cerrar la prisión. “Porque cada semana nos enteramos de noticias sobre compañías financieras que cortan lazos con The GEO Group. Los ciudadanos estadounidenses están entendiendo cómo opera esta corporación”.