Un residente del Condado de Kern fue acusado frente a un tribunal federal la semana pasada en conexión con un caso de fraude y de robo de identidad.

     El fiscal federal, McGregor W. Scott, anunció esta semana que el jueves pasado, un gran jurado presentó 19 cargos en contra de Rogelio Benavides, 34, acusándole de ser un delincuente mayor en posesión de un arma de fuego, fraude bancario, y posesión no autorizada de tarjetas de crédito, robo agravado de identidad y posesión de correo robado.

     Benavides fue ingresado a la cárcel después de haber aparecido ante el tribunal.

     De acuerdo con el documento acusatorio, entre noviembre del 2018 y septiembre del 2019, Benavides obtuvo, sin permiso alguno, cientos de piezas de correo robadas que incluían cheques, chequeras e información personal identificable que pertenecían a otras personas.

     Una vez con su botín, Benavides altero y falsificó los cheques y los canjeo o los depositó en su propia cuenta bancaria. Al mismo tiempo, utilizó la información de otras personas para poder solicitar y recibir tarjetas de crédito, las cuales utilizó para obtener avances en efectivo.

      Benavides utilizó la identidad de otras personas para poder acceder a las cuentas bancarias y de negocios de otras personas, y para hacer pagos no autorizados para las tarjetas obtenidas fraudulentamente, al mismo tiempo que obtener prestamos y seguros de vida a nombre de su propio nombre y bajo los nombres de sus asociados.

     Su delito causó cargos y daños con un valor de $95,000.

     Si es encontrado culpable, la oficina del fiscal federal  dijo que Benavides se enfrenta a una pena máxima de 10 años en prisión y una multa de $250,000 por ser un delincuente mayor en posesión de un arma de fuego.

      Además, se enfrenta a una pena máxima de 30 años en prisión y una multa de $1 millón por fraude bancario, 10 años en prisión y una multa de $250,000 por los cargos de uso no autorizados y posesión de dispositivos de acceso, y una sentencia de dos años mandatoria por robo de identidad agravada, sin contar cinco años adicionales y una multa de $250,000 por posesión de correo robado.

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