Un juez federal frenó temporalmente el pasado lunes la política del Gobierno del presidente Donald Trump que autoriza a los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) para que evalúen la validez de los argumentos de quienes piden asilo en Estados Unidos porque temen retornar a sus países.
El juez Richard Leon, del Distrito de Columbia, calificó como “tontería” el argumento gubernamental sobre la capacitación de los agentes de CBP para esa tarea, y prohibió que el Gobierno saque del país a las demandantes “a la espera de un dictamen sobre los méritos de este caso”.
Bajo la ley estadounidense, cuando una persona solicita asilo su caso es evaluado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), pero el 30 de enero, por una ordenanza el Gobierno de Trump, hubo un “memorando de entendimiento” que dio esa autoridad a CBP.
En esas entrevistas, la persona solicitante, con debido asesoramiento legal, puede presentar las razones por las cuales ha huido de su país, y por las cuales el retorno representa una amenaza a su seguridad o su vida.
Leon escribió en su decisión que “los demandantes han presentado muchos argumentos importantes, pero yo necesito enfocarme en sólo uno de ellos”.
“Los demandantes han demostrado la probabilidad de éxito sobre los méritos de su reclamo según el cual el uso de agentes de CBP, que reciben instrucción sustancialmente inferior que (los agentes de) USCIS para conducir las entrevistas de asilo, viola la Ley de Inmigración y nacionalidad”.
El presidente Trump, que ha hecho de la política antimigratoria uno de los pilares de su Gobierno y, ahora, de su campaña por la reelección, instauró a inicios de 2019 una medida (MPP) que rechaza en la frontera sur a quienes pidiendo asilo y los devuelve a México y algunos países centroamericanos para que esperen allí la cita para una audiencia sobre sus casos.
Asimismo, tres meses atrás, Trump ordenó que los agentes de CBP apliquen las directrices del Centro para Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) para determinar si los solicitantes de asilo presentan síntomas de la COVID-19, lo cual ha permitido que la agencia federal devuelva por razones de salud a los solicitantes.