La junta de supervisores del condado de Los Ángeles aprobó el martes una moción para prohibir que se usen recursos del condado en la transferencia de personas al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), si la agencia federal no tiene orden judicial.

La medida, presentada por las supervisoras Hilda Solís y Sheila Kuelhl, exige que ICE “presente órdenes judiciales, firmadas por un juez, si tienen la intención de detener a las personas que serán liberadas de la cárcel, y refuerza la decisión del sheriff de instituir una moratoria sobre las transferencias de ICE sin una orden judicial”.

El departamento del sheriff angelino (LASD) prohibió en abril estas transferencias de manera temporal y fue extendiendo las moratorias mes a mes hasta que, el pasado agosto, Alex Villanueva anunció que las cancelaba de manera permanente durante su administración en LASD.

La supervisora Solís considera que “es el momento adecuado para poner fin a este sistema que enlaza la cárcel con la deportación” y denuncia las “condiciones insalubres en los centros de detención debido a la incapacidad de ICE para mantener a los detenidos a salvo de [la enfermedad] COVID-19″. Pero, con la decisión del pasado martes la moratoria se implementará en todo el condado.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) calificó la medida de “monumental” e “histórica” y agradeció a Hilda Solís por su liderazgo para sacarla adelante. “Después de luchar durante 15 años para poner fin a la colaboración entre el Condado y ICE, nuestra comunidad puede regocijarse hoy”, dijo en un comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización.

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