Un tribunal federal de apelaciones falló el pasado lunes a favor de la decisión del gobierno estadounidense de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que permite trabajar y residir en el país a más de 300.000 migrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

El tribunal del Noveno Distrito de California determinó que un juez federal en dicho estado “abusó de su discreción” al prohibir temporalmente al gobierno eliminar el beneficio migratorio que protege de la deportación a estos migrantes, tras una demanda presentada ante el fin del programa para las personas procedentes de estos cuatro países.

Se prevé que el fallo afecte también a los migrantes de Honduras y Nepal, que se encuentran en una situación similar.

Actualmente, los beneficiarios del TPS tienen permiso para residir y trabajar en EE.UU. hasta el cuatro enero del 2021. Sin embargo, según una decisión del Departamento de Seguridad Nacional de noviembre del 2019, los migrantes tendrán un periodo de gracia de 120 días para salir del país, excepto los salvadoreños, quienes tienen 365 días.

Es decir, la corte dio luz verde al gobierno de Trump puede dar fin al estatus migratorio de los beneficiarios del TPS tan pronto como el cinco de marzo del 2021 —menos las personas de El Salvador, cuyo plazo caducaría el cinco de noviembre del próximo año, seguido a un acuerdo con el gobierno salvadoreño.

La administración Trump justifica la decisión de darle más tiempo a los salvadoreños aduciendo que son más de la mitad del total los beneficiarios de este programa.

La Unión Estadounidense para los Derechos Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que forman parte de la representación legal de los beneficiarios de TPS y organizaciones que presentaron la demanda, ya anunció que planea apelar el fallo, que podría llegar a la corte suprema.

“Continuaremos luchando en el sistema judicial, en las calles, en los pasillos del Congreso y en la corte de la opinión pública. Vamos a agotar todos los recursos legales a nuestra disposición para proteger a nuestra comunidad”, explicó el líder nacional de la Alianza Nacional de TPS, una de las organizaciones demandantes, en un comunicado.

La organización argumenta que la decisión no solo afecta a las más de 300 mil personas que viven legalmente en EE.UU. gracias al TPS sino un estimado de 250 mil de ciudadanos estadounidenses, hijos de los migrantes, que “se podrían ver forzados a tomar la imposible decisión de elegir entre sus familias y sus hogares”.

El fallo llega a menos de dos meses de las elecciones en EE.UU. y el futuro de los migrantes también se verá afectado por quién resulte elegido en noviembre, explicó a la Voz de América Salvador Sanabria, director de la Asociación El Rescate de Los Ángeles, California.

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