Quienes piensen que hay buenas intenciones detrás de la Proposición 23, tienen que saber primero quién está promoviendo esta medida.

 

Esta iniciativa, que estará en la boleta de las elecciones del 3 de noviembre, pretende que las clínicas de diálisis del estado cuenten con un médico con licencia durante todos los tratamientos de diálisis, aunque no es necesario que seaun nefrólogo o especialista en riñones.

 

Además, las clínicas tienen que reportar datos de infecciones cada tres meses al Departamento de Salud Pública de California, y las que piensen cerrar tienen que tener la aprobación del estado.

 

Si esta situación suena familiar es porque hace unos años los californianos se enfrentaron con una propuesta que también tenía que ver con los pacientes de diálisis. En esa ocasión el electorado rechazó la medida.

 

“¿Por qué cada vez que hay elecciones se propone algo que tiene que ver con los pacientes de diálisis?”, se cuestiona Édgar Vera, nefrólogo y director médico de las clínicas de diálisis DaVita en las ciudades de Hesperia y Victorville. “Eso debe despertar sospechas”.

 

En efecto, tanto en elecciones pasadas como en las de este año, la nueva proposición está patrocinada por el Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, sindicato que representa más de 95 mil trabajadores del cuidado de la salud en California.

 

Este sindicato ha tratado por años, sin éxito, de organizar a los empleados de las clínicas de diálisis. Como la fuerza detrás de ambas propuestas, ha puesto en las manos del electorado la decisión de la salud de decenas de miles de pacientes de diálisis que dependen de estas clínicas para sobrevivir.

 

Se calcula que unos 80 mil pacientes visitan las 600 clínicas para diálisis que existen en el estado. Estas personas, que padecen de fallas renales, dependen de una máquina de diálisis para filtrar las toxinas y eliminar el exceso de fluidos de la sangre cuando sus riñones ya no pueden hacer ese trabajo. El tratamiento toma hasta cuatro horas al menos tres veces a la semana.

 

Buscar que se asigne un médico a cada clínica es innecesario, sobre todo porque estos centros están debidamente regulados por el Departamento de Salud Pública de California y por las autoridades de salud federales.

 

Encima de eso, asignar a un médico a cada clínica, además de poco factible, es costoso. Si estos centros abren sus puertas más de doce horas al día, seis días a la semana, ningún médico podría soportar esa carga, lo que supone que cuando no esté, tendría que ser sustituido por otro médico, algo imposible de lograr debido a la escasez de doctores en California, especialmente en las zonas más desfavorecidas.

 

La aprobación de la medida supondría el cierre de muchas clínicas de diálisis debido a que se enfrentarían a costos de operación más altos.

 

“Muchas clínicas no podrían seguir operando porque están en áreas de bajos recursos”, dijo el doctor Vera. “Si no hay médicos ahorita, menos cuando se necesita más de uno”.

 

Actualmente, por regulación federal, se requiere que un director médico supervise cada clínica de diálisis en el país, pero no es necesario que estén físicamente presentes en las clínicas cuando están abiertas.

 

Estos mismos especialistas están a cargo de reportar con precisión los datos que se generan en las clínicas, por lo que no hay necesidad de emplear a un médico para recabar esta información, como sugiere la Proposición 23.

 

Los más perjudicados, si se aprueba esta iniciativa, serían los pacientes, para quienes perder un solo tratamiento aumenta 30 por ciento el riesgo de morir. El cierre de las clínicas amenaza la vida de miles de pacientes vulnerables que necesitan de los tratamientos de diálisis para sobrevivir. riesgo la vida de miles de pacientes de diálisis

 

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Quienes piensen que hay buenas intenciones detrás de la Proposición 23, tienen que saber primero quién está promoviendo esta medida.

 

Esta iniciativa, que estará en la boleta de las elecciones del 3 de noviembre, pretende que las clínicas de diálisis del estado cuenten con un médico con licencia durante todos los tratamientos de diálisis, aunque no es necesario que seaun nefrólogo o especialista en riñones.

 

Además, las clínicas tienen que reportar datos de infecciones cada tres meses al Departamento de Salud Pública de California, y las que piensen cerrar tienen que tener la aprobación del estado.

 

Si esta situación suena familiar es porque hace unos años los californianos se enfrentaron con una propuesta que también tenía que ver con los pacientes de diálisis. En esa ocasión el electorado rechazó la medida.

 

“¿Por qué cada vez que hay elecciones se propone algo que tiene que ver con los pacientes de diálisis?”, se cuestiona Édgar Vera, nefrólogo y director médico de las clínicas de diálisis DaVita en las ciudades de Hesperia y Victorville. “Eso debe despertar sospechas”.

 

En efecto, tanto en elecciones pasadas como en las de este año, la nueva proposición está patrocinada por el Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, sindicato que representa más de 95 mil trabajadores del cuidado de la salud en California.

 

Este sindicato ha tratado por años, sin éxito, de organizar a los empleados de las clínicas de diálisis. Como la fuerza detrás de ambas propuestas, ha puesto en las manos del electorado la decisión de la salud de decenas de miles de pacientes de diálisis que dependen de estas clínicas para sobrevivir.

 

Se calcula que unos 80 mil pacientes visitan las 600 clínicas para diálisis que existen en el estado. Estas personas, que padecen de fallas renales, dependen de una máquina de diálisis para filtrar las toxinas y eliminar el exceso de fluidos de la sangre cuando sus riñones ya no pueden hacer ese trabajo. El tratamiento toma hasta cuatro horas al menos tres veces a la semana.

 

Buscar que se asigne un médico a cada clínica es innecesario, sobre todo porque estos centros están debidamente regulados por el Departamento de Salud Pública de California y por las autoridades de salud federales.

 

Encima de eso, asignar a un médico a cada clínica, además de poco factible, es costoso. Si estos centros abren sus puertas más de doce horas al día, seis días a la semana, ningún médico podría soportar esa carga, lo que supone que cuando no esté, tendría que ser sustituido por otro médico, algo imposible de lograr debido a la escasez de doctores en California, especialmente en las zonas más desfavorecidas.

 

La aprobación de la medida supondría el cierre de muchas clínicas de diálisis debido a que se enfrentarían a costos de operación más altos.

 

“Muchas clínicas no podrían seguir operando porque están en áreas de bajos recursos”, dijo el doctor Vera. “Si no hay médicos ahorita, menos cuando se necesita más de uno”.

 

Actualmente, por regulación federal, se requiere que un director médico supervise cada clínica de diálisis en el país, pero no es necesario que estén físicamente presentes en las clínicas cuando están abiertas.

 

Estos mismos especialistas están a cargo de reportar con precisión los datos que se generan en las clínicas, por lo que no hay necesidad de emplear a un médico para recabar esta información, como sugiere la Proposición 23.

 

Los más perjudicados, si se aprueba esta iniciativa, serían los pacientes, para quienes perder un solo tratamiento aumenta 30 por ciento el riesgo de morir. El cierre de las clínicas amenaza la vida de miles de pacientes vulnerables que necesitan de los tratamientos de diálisis para sobrevivir. en riesgo la vida de miles de pacientes de diálisis

Quienes piensen que hay buenas intenciones detrás de la Proposición 23, tienen que saber primero quién está promoviendo esta medida.

 

Esta iniciativa, que estará en la boleta de las elecciones del 3 de noviembre, pretende que las clínicas de diálisis del estado cuenten con un médico con licencia durante todos los tratamientos de diálisis, aunque no es necesario que seaun nefrólogo o especialista en riñones.

 

Además, las clínicas tienen que reportar datos de infecciones cada tres meses al Departamento de Salud Pública de California, y las que piensen cerrar tienen que tener la aprobación del estado.

 

Si esta situación suena familiar es porque hace unos años los californianos se enfrentaron con una propuesta que también tenía que ver con los pacientes de diálisis. En esa ocasión el electorado rechazó la medida.

 

“¿Por qué cada vez que hay elecciones se propone algo que tiene que ver con los pacientes de diálisis?”, se cuestiona Édgar Vera, nefrólogo y director médico de las clínicas de diálisis DaVita en las ciudades de Hesperia y Victorville. “Eso debe despertar sospechas”.

 

En efecto, tanto en elecciones pasadas como en las de este año, la nueva proposición está patrocinada por el Service Employees International Union-United Healthcare Workers West, sindicato que representa más de 95 mil trabajadores del cuidado de la salud en California.

 

Este sindicato ha tratado por años, sin éxito, de organizar a los empleados de las clínicas de diálisis. Como la fuerza detrás de ambas propuestas, ha puesto en las manos del electorado la decisión de la salud de decenas de miles de pacientes de diálisis que dependen de estas clínicas para sobrevivir.

 

Se calcula que unos 80 mil pacientes visitan las 600 clínicas para diálisis que existen en el estado. Estas personas, que padecen de fallas renales, dependen de una máquina de diálisis para filtrar las toxinas y eliminar el exceso de fluidos de la sangre cuando sus riñones ya no pueden hacer ese trabajo. El tratamiento toma hasta cuatro horas al menos tres veces a la semana.

 

Buscar que se asigne un médico a cada clínica es innecesario, sobre todo porque estos centros están debidamente regulados por el Departamento de Salud Pública de California y por las autoridades de salud federales.

 

Encima de eso, asignar a un médico a cada clínica, además de poco factible, es costoso. Si estos centros abren sus puertas más de doce horas al día, seis días a la semana, ningún médico podría soportar esa carga, lo que supone que cuando no esté, tendría que ser sustituido por otro médico, algo imposible de lograr debido a la escasez de doctores en California, especialmente en las zonas más desfavorecidas.

 

La aprobación de la medida supondría el cierre de muchas clínicas de diálisis debido a que se enfrentarían a costos de operación más altos.

 

“Muchas clínicas no podrían seguir operando porque están en áreas de bajos recursos”, dijo el doctor Vera. “Si no hay médicos ahorita, menos cuando se necesita más de uno”.

 

Actualmente, por regulación federal, se requiere que un director médico supervise cada clínica de diálisis en el país, pero no es necesario que estén físicamente presentes en las clínicas cuando están abiertas.

 

Estos mismos especialistas están a cargo de reportar con precisión los datos que se generan en las clínicas, por lo que no hay necesidad de emplear a un médico para recabar esta información, como sugiere la Proposición 23.

 

Los más perjudicados, si se aprueba esta iniciativa, serían los pacientes, para quienes perder un solo tratamiento aumenta 30 por ciento el riesgo de morir. El cierre de las clínicas amenaza la vida de miles de pacientes vulnerables que necesitan de los tratamientos de diálisis para sobrevivir.

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