La semana pasada, un juez federal condenó las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos que mostraron una “indiferencia deliberada hacia la seguridad de los detenidos” en el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde y resultaron en un brote de COVID-19.

   El juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de California criticó a ICE y a la empresa privada GEO Group, Inc., que opera la instalación, no solo por sus peligrosas inacciones, sino también por emitir numerosas declaraciones falsas, dijo la ACLU en una noticia. lanzamiento.

   “Desde el comienzo de la crisis de salud pública hasta ahora, la conducta de los funcionarios clave de ICE y GEO a cargo de las operaciones en Mesa Verde ha sido espantosa”, escribió Chhabria. “Estos funcionarios sabían que necesitaban un plan claro y detallado para minimizar el riesgo de un brote (y contener un brote si ocurría), pero nueve meses después todavía no han creado uno”.

   El juez criticó en particular su manejo de las pruebas de COVID-19, diciendo que hubo una “evitación consciente de las pruebas generalizadas por temor a que las pruebas positivas requieran que tomen medidas para proteger la seguridad de los detenidos que prefieren no tomar”.

   La ACLU dijo en un comunicado de prensa que los retrasos en las pruebas eran un factor importante para que Mesa Verde fuera un polvorín para la propagación del virus. En el punto más álgido del brote, señaló el juez, 57 de las 103 personas detenidas en Mesa Verde dieron positivo.

   Casi un tercio de los miembros del personal de la instalación también se han infectado, incluidos 15 infectados en las últimas dos semanas, según documentos judiciales.

   “No existe una forma segura para que ICE detenga a personas durante una pandemia y no hay justificación para hacerlo”, dijo Manohar Raju, el Defensor Público electo de San Francisco. “Ya es hora de que las autoridades den prioridad a las vidas humanas y la seguridad, en beneficio de los detenidos y de las comunidades circundantes”.

   Las personas encarceladas en las instalaciones estuvieron representadas por equipos legales de las Fundaciones de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Norte y Sur de California, la Oficina del Defensor Público de San Francisco, el Comité de Abogados de Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco y los bufetes de abogados. Lakin & Wille LLP y Cooley LLP.

   El juez rechazó la solicitud de ICE de relajar las restricciones que había impuesto previamente a Mesa Verde, manteniendo los requisitos para las pruebas COVID semanales para todas las personas detenidas allí y todo el personal. Y el tribunal agregó nuevas restricciones solicitadas por los representantes de los detenidos, incluido que se reserven dos dormitorios para las personas que den positivo en la prueba, procedimientos de admisión de protección y que la población de detenidos por cada dormitorio tenga un límite de 26.

   Incluso con esta victoria en la corte, las personas detenidas dentro de los muros de Mesa Verde siguen profundamente preocupadas por su bienestar, según ACLU. “No nos sentimos seguros; todos tenemos miedo de morir aquí ”, dijo Willian Mattias Rauda, ​​quien ha sido detenido por ICE desde noviembre de 2018.“ Queremos regresar con nuestros hijos, nuestras esposas y nuestras comunidades. No deberíamos estar en esta peligrosa instalación “.

    Los defensores de los derechos de los inmigrantes están pidiendo que se tomen más medidas para proteger la salud de los detenidos en las instalaciones de ICE.

   “ICE se ha negado a mantener a las personas seguras y ha tergiversado repetidamente sus acciones ante el tribunal”, dijo Bree Bernwanger, abogada senior del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco. “La nueva administración debería prestar atención a la observación del tribunal de que ICE y GEO han perdido el derecho a ser confiables”.

   “Incluso mientras la pandemia se propaga a niveles sin precedentes en toda California, ICE continúa buscando un pase gratuito para detener a personas sin siquiera procedimientos de protección o supervisión básicos”, dijo Sean Riordan, abogado senior de la ACLU NorCal. “Al exigir protecciones críticas para aquellos a quienes ICE insiste en detener, la corte ha reprendido severamente a ICE”.

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