Los Ángeles, 21 jun (EFE).- Una coalición de defensores de los inmigrantes urgió hoy la aprobación de un proyecto de ley en California que ponga fin a la transferencia de reos inmigrantes que ya cumplieron sus condenas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
   Los grupos comunitarios, religiosos y sindicales, junto con legisladores, se dieron cita en la capital de California, Sacramento, para hacer un llamado al Senado y al gobernador demócrata Gavin Newsom para que apoyen el proyecto de ley VISION (AB 937), que pondría fin a la colaboración de las cárceles locales y el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) con la agencia federal.
   El proyecto, presentado por la legisladora Wendy Carrillo, fue aprobado el año pasado por la Asamblea pero se encuentra estancado en el Senado californiano por falta de tres votos para ser aprobado.
   En una conferencia de prensa Carrillo dijo estar “cansada del doble castigo” que se les impone a los inmigrantes que ya cumplieron sus condenas, se rehabilitaron, y sólo quieren reunirse con sus familias y reintegrarse a la sociedad.
   La asambleísta estatal demócrata añadió que la aprobación de la ley es “urgente y necesaria” porque todos los días inmigrantes se ven afectados por estas transferencias que terminan en deportaciones que separan familias californianas.
   Un ejemplo de estas deportaciones es la que vivió la mexicana Gabby Solano, que tras 20 años en la cárcel por cargos relacionados con la muerte de una persona consiguió la libertad pero en vez de reunirse con su familia fue entregada al ICE.
   Justo hace un año, el 21 de junio de 2021, Solano fue deportada pese a los múltiples llamados para que la liberaran. Los defensores de la inmigrante alegan que ella era víctima de violencia doméstica y fue obligada por su novio a estar en el lugar del crimen.
   Solano participó hoy desde México en la conferencia de prensa y contó todo el proceso de rehabilitación que realizó para lograr su libertad y reintegrarse a la sociedad californiana. “Pero el ICE y nuestro sistema penitenciario estatal ignoraron todo eso y, en cambio, me separaron de mi familia y seres queridos. No soy la única”, lamentó.
   Una situación parecida enfrenta la mexicana Sandra Castañeda, que pese a que su condena por un asesinato fue anulada por una corte fue entregada al ICE y está en espera de ser deportada.
   Como parte de los esfuerzos para aprobar la ley hoy se entregó una carta al gobernador Newsom solicitándole que la apoye. La misiva está firmada por más de 140 inmigrantes y familiares que han enfrentado transferencias, detenciones y deportaciones del ICE.
   Una encuesta realizada el año pasado por el Centro de Política de Inmigración de la Universidad de California en San Diego encontró que dos tercios de los votantes respaldan este proyecto de ley. EFE