BAKERSFIELD, CA –A solo dos semanas de las elecciones en Kern, una investigación se ha lanzado en contra de la supervisora del 5o Distrito del Condado de Kern, Leticia Pérez, y de su asistente Christian Romo por el uso de recursos gubernamentales para su causa política.
Todo sucedió en medio de una junta especial de la Junta de Supervisores que tomó lugar el lunes, 21 de octubre, donde Pérez dijo que este pasado 18 de octubre cuando a eso de las 9 de la mañana investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Condado de Kern atentaron obtener acceso a la oficina de la supervisora sin ella estar presente. En un comentario hecho ante los medios, Pérez dijo que los investigadores “no tenían permiso, no previeron aviso, y no tenían una orden de cateo”. Dado a que la oficina estaba vacía y cerrada, los investigadores trataron de hacer que el director ejecutivo del Condado (CAO siglas en inglés) les diera acceso a la oficina, ilegalmente. Ella indicó que los investigadores estaban armados con cámaras, y que no sabía cuál era su intención.
Pérez también indicó que se había comunicado con autoridades federales y con la fiscalía del estado sobre las acciones “mafiosas”, y tácticas ilegales, inmorales y sin ética de la Procuraduría.
Poco después, Pérez salió de la junta indicando de que investigadores estaban entrando a su oficina.
El lunes por la tarde la procuraduría develó una declaración indicando que no podían dar información sobre la investigación. La declaración también indicó que es práctica común de pedir permiso de alguien autorizado para obtener acceso para que investigadores trataran de entrar e iniciar su cateo. Pero si permiso voluntario no se dio, investigadores deben de obtener una orden de cateo para poder entrar y catear la propiedad.
“El lunes 21 de octubre de 2024, Leticia Pérez, miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Kern, anunció en una reunión de la Junta que los investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Kern habían solicitado consentimiento para ingresar y fotografiar partes de la Oficina Administrativa del Condado de Kern. Edificio, incluyendo específicamente áreas actualmente en uso por el Supervisor Pérez y/o su personal.
Solicitar el consentimiento de personas autorizadas para otorgarlo antes de iniciar una búsqueda es una práctica comúnmente utilizada y ampliamente aceptada por los investigadores. El consentimiento voluntario de personas autorizadas para permitir un registro ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema de los Estados Unidos como una excepción a los requisitos de las órdenes de registro.
Es común que los investigadores soliciten realizar registros como parte de una investigación pendiente. Cuando las partes con acceso a información o pruebas relevantes para una investigación criminal se niegan a dar su consentimiento voluntario para un registro, el siguiente paso en una investigación suele ser obtener autorización judicial para realizar el registro. Dicha autorización judicial toma la forma de una orden de registro que, cuando se basa adecuadamente en una causa probable y es aprobada por un juez, otorga a los investigadores la autoridad para realizar un registro incluso cuando una o varias partes se niegan a dar su consentimiento voluntariamente para realizar un registro.
La Unidad de Integridad Pública de la Fiscalía de Distrito investiga posibles violaciones penales, incluidas aquellas relacionadas con funcionarios electos. La Unidad de Integridad Pública continuará utilizando vías y herramientas de investigación legales para garantizar que se obtengan y aseguren pruebas relevantes de posibles violaciones.
La Oficina del Fiscal de Distrito se niega a hacer más comentarios sobre la naturaleza o el enfoque de esta investigación pendiente”, declaración de la Fiscalía del Distrito del Condado de Kern.
Las alegaciones en contra de Pérez y de Romo son de que ellos violaron la ley del condado. David Brust, exempleado del supervisor Couch y quien hizo estas alegaciones durante un comentario público en la junta de supervisores este pasado 8 de octubre, dijo que Romo utilizó recursos del condado para hacer juntas e entrevistas políticas.
Durante la junta, Brust le preguntó a Pérez “Tengo dos preguntas para la supervisora Pérez, sabía usted de que el Sr. Romo clara y repetidamente ha violado la ley condadal, y si no, ¿qué dice esto sobre su habilidad como un supervisor del condado?”
Durante su declaración, Brust mostró fotografías de Romo en una junta del Comité Central Democrático por medio de la plataforma Zoom.us que claramente mostraba el interior de la oficina de Pérez. Otra fotografía lo muestra durante una entrevista política sobre la Convención Democrática Nacional que también fue hecha adentro de la oficina de Pérez.
Romo, es el Jefe de Personal de Pérez; pero también es su jefe de campaña y el presidente del Partido Democrático de Kern. Él no ha dado comentario alguno sobre las alegaciones en su contra, pero indicó que el método de cateo utilizado por los agentes de la procuraduría fue ilegal o sin menos inapropiada.
En un comentario, Brust dijo que la supervisora Pérez es un reincidente. Ella ha tenido múltiples quejas de la FPPC en su contra, el Colegio de Abogados tiene una queja en su contra, no se declaró culpable, lo cual es lo mismo que declararse culpable de dos cargos de venta de su oficina.
En el 2017, Fernando Jara, esposo de la supervisora Pérez, estaba empleado por la compañía Industrial Partners Group, cuyo gol era de obtener la aprobación regulatoria de las operaciones sobre el cannabis en el condado. Su contrato fue por $25,000. Ese verano, representantes de IPG se juntaron en la oficina del condado de Pérez, ella fue la única en votar en contra de la propuesta de prohibir al cannabis comercial.
Poco después, ella se declaró sin causa a dos cargos menores de influenciar la decisión gubernamental para su interés financiero y por falla de declarar sus finanzas.
Pérez tuvo que pagar $30,000 a una organización sin fines de lucro, hacer 100 horas de servicio comunitario, y de tomar un curso personal de ética profesional. Su caso criminal fue desestimado.
Pérez también tiene un caso abierto con la FPPC por fallar de mostrar sus contribuciones de campaña del 2022. Brust también fue el que la delato.
Como parte de los comentarios hechos por Pérez durante la junta especial de la Junta de Supervisores, ella indicó que su contrincante para el 5º distrito, Kimberly Salas, dijo que ella tiene el apoyo completo de la Asociación de Fiscales de Distrito.
“Deseo que el público sepa que la Asociación de Fiscales es un apoyador en grande, financiador y proponente de mi contrincante político”, dijo Pérez. “Así que su presencia en mi oficina, como parte del equipo político de mi contrincante, trataron ilegalmente de obtener acceso a mi oficina, y dos semanas de la elección (no es aceptable)”.
Salas indicó que ella no sabía nada sobre las alegaciones en contra de Pérez de que ella dejo que su personal hiciera trabajo de su campaña durante el tiempo del condado, y en propiedad del condado. Pero Salas dijo que ella hubiera abierto las puertas a los investigadores de la Procuraduria General de Justicia sin problema, indicando de que esta oficina no es “su” oficina, sino la oficina del pueblo.