Por Michelle Zacarías / CALO News

  

    El lunes, pocas horas después de su toma de posesión, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, la medida enfrenta importantes obstáculos legales: alterar la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional o un fallo histórico de los tribunales.

    La 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a los nacidos en suelo estadounidense, y cualquier intento de cambiar eso sería una violación del marco constitucional que ha regido la ciudadanía estadounidense durante más de 150 años.

    La orden ejecutiva, sin embargo, argumenta que la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada para extender la ciudadanía universalmente a todos los nacidos dentro de los Estados Unidos. Sostiene que la ciudadanía estadounidense no se otorga automáticamente a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, sino que se limita a aquellos "sujetos a la jurisdicción" de los EE. UU. Históricamente, esta disposición ha excluido a ciertos grupos. Específicamente, a las personas nacidas en los EE. UU. no se les otorga la ciudadanía si:

  • La madre estaba presente ilegalmente en los EE. UU. y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento.
  • La madre estaba legal pero temporalmente en los EE. UU. (por ejemplo, bajo una visa de turista o estudiante) y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente legal.

    Así que la pregunta sigue siendo: ¿qué tan real es la amenaza que representa la interpretación de Trump de la Constitución para los aproximadamente 1.3 millones de adultos nacidos en Estados Unidos que son hijos de inmigrantes no autorizados?

     VERIFICACIÓN DE HECHOS: Poner fin a la ciudadanía por nacimiento podría* lograrse a través de una enmienda constitucional. Sin embargo, eso requeriría una mayoría de dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, así como la aprobación de tres cuartas partes de los estados, un proceso arduo e improbable.

     Si bien el presidente puede ordenar a las agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que interpreten la ciudadanía de manera más restrictiva, tal medida probablemente provocaría desafíos legales de personas cuya ciudadanía se cuestiona. Esto podría desencadenar una prolongada batalla judicial, que podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.

     Aunque la medida ejecutiva de Trump ha provocado pánico en el sistema de inmigración del país, es legalmente imposible que un presidente en funciones aboliera unilateralmente la ciudadanía por nacimiento. Se trata de una cuestión compleja que depende del derecho constitucional, y cualquier esfuerzo por acabar con este derecho tendría que resolverse en última instancia en los tribunales, no de un plumazo del presidente.

     HISTORIA: El concepto de ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos se origina en la 14ª Enmienda, ratificada en 1868, que fue diseñada para garantizar la ciudadanía de las personas anteriormente esclavizadas después de la Guerra Civil. La Cláusula de Ciudadanía de la enmienda dice:

    "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen".

Esta disposición ha sido interpretada durante más de un siglo como una concesión de ciudadanía a casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense, independientemente de la ciudadanía o el estatus migratorio de sus padres. Si bien hay algunas excepciones (como los hijos de diplomáticos extranjeros o combatientes enemigos), el principio general sigue siendo claro: la ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental consagrado en la Constitución.

     La orden ejecutiva de Trump apunta a la frase "y sujeto a su jurisdicción" en la 14ª Enmienda, con el objetivo de aclarar que los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados ya no recibirían automáticamente la ciudadanía.

     VERIFICACIÓN DE HECHOS: La Corte Suprema ha defendido históricamente la ciudadanía por nacimiento.

     En casos como el de Estados Unidos contra Wong Kim Ark (1898), la Corte dictaminó que los hijos de inmigrantes chinos nacidos en los Estados Unidos tienen derecho a la ciudadanía en virtud de la 14ª Enmienda, reforzando el principio de la ciudadanía por nacimiento.

     Históricamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido el árbitro final de las cuestiones constitucionales. En el caso de la ciudadanía por nacimiento, es casi seguro que la cuestión sería examinada por los tribunales. Cualquier orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento sería impugnada casi de inmediato en un tribunal federal. Los expertos legales argumentan que los tribunales, especialmente la Corte Suprema de Estados Unidos, probablemente reafirmarían la garantía constitucional de la ciudadanía para todos los nacidos en suelo estadounidense.

     Si bien la composición actual de la Corte Suprema se inclina hacia los conservadores, también tiende a ser cautelosa a la hora de anular precedentes de larga data a menos que haya una razón convincente. La revocación de la ciudadanía por nacimiento representaría una desviación significativa de las interpretaciones legales bien establecidas y podría tener consecuencias de amplio alcance. La Corte podría dudar en hacer un cambio tan radical, especialmente si se viera como una desviación radical del precedente.

     VERIFICACIÓN DE HECHOS: Hay límites a los poderes ejecutivos, incluso para el presidente

     La Constitución no otorga al presidente la autoridad para cambiar o enmendar unilateralmente sus disposiciones, y eso incluye alterar las garantías descritas en la 14ª Enmienda. Los presidentes, independientemente de su poder político o agenda, están obligados por la Constitución, que es la ley suprema del país.

     Las órdenes ejecutivas de un presidente están diseñadas para implementar y hacer cumplir la ley existente, no para crear nuevas leyes o invalidar derechos constitucionales. Una orden ejecutiva destinada a poner fin a la ciudadanía por nacimiento no solo violaría el texto claro de la 14ª Enmienda, sino que también enfrentaría desafíos legales inmediatos en los tribunales.

     El presidente Trump, como todos los presidentes de Estados Unidos, no puede reescribir la Constitución con una orden ejecutiva, por mucho que haya en juego. Cualquier intento de cambiar la ciudadanía por nacimiento no solo sería una violación del texto constitucional, sino que invitaría a un enfrentamiento inevitable en el sistema judicial, donde un fallo podría tardar años en resolverse.

     Por ahora, la ciudadanía por nacimiento sigue siendo una piedra angular de la democracia estadounidense, protegida por la Constitución y sujeta a revisión judicial. Cualquier intento de cambiarlo será puesto a prueba. Al final, serán los tribunales, no el Despacho Oval, los que decidirán su destino.