El Departamento de Seguridad Nacional (USICS) anunció una nueva norma de una una nueva norma final de carga pública que entrará en vigor el próximo 18 de septiembre del 2026. Esta política elimina los límites anteriores y permite a los oficiales de inmigración una amplia discreción para considerar el uso previo de cualquier beneficio público sujeto a rentabilidad—como Medicaid, cupones de alimentos y asistencia para vivienda—al evaluar solicitudes de la residencia permanente dentro de EE. UU.
Esta nueva política puede tener amplias implicaciones para miles de solicitantes que, de otro modo, estarían cualificados para solicitar y obtener la residencia permanente. Existen ciertas excepciones, como los actuales residentes permanentes que solicitan renovaciones, o los titulares de visados U o T que son víctimas de delitos o violencia doméstica.
Una familia local se ha visto afectada por las políticas migratorias actuales y podría enfrentarse a obstáculos adicionales una vez que una parte de la familia sea elegible para regresar a Estados Unidos tras completar una orden de expulsión judicial de inmigración de dos años.
Yajayra Rosique Chable, originaria del estado de Tabasco, México; vivía en Bakersfield, trabajando con un permiso de trabajo vigente en una compañía de limpieza que contrata servicio a Amazon, mientras su caso de asilo pasaba por los tribunales; y recién casada con una ciudadana estadounidense en el momento de su orden judicial; tras varias comparecencias ante el tribunal de inmigración, recibió la notificación de que tendría que irse.
“Tras varias apariencias en la corte, el fiscal me indicó que tenía que cerrar mi caso de asilo para poder proceder con mi caso familiar”, dijo Yajayra a El Popular. “Ellos me dijeron que debía de cerrar mi caso por medio de la aplicación CBP Home, para poder tener dos años de suspensión, si no me hubieran dado diez años”.
Una noche, mientras Yajayra y su esposa María miraban el documento sobre la mesa. Las palabras "requisito de presencia física de dos años en el país de origen" se sentían como un muro físico que la separaba de la vida que había construido.
Yajayra tendría que marcharse y quedarse en su país México por un periodo de dos años. La vida que acababan de empezar en marzo del 2026 se estaba cayendo al suelo.
La pareja decidió que Yajayra y su hijo se fueran a vivir a Tijuana, donde llegó en mayo de este año y ha tendido que asimilarse no solamente a la vida cotidiana, sino también a las escuelas para su hijo y trabajo. También está más cerca de la frontera donde María los suele visitar. En Tijuana, Yajayra y su hijo alquilaron un apartamento y una vida nueva, aunque separada, piensa poder volver a los EE UU en dos años para poder renovar su vida con su esposa e hijo de 11 años.
“La auto deportación de mi esposa ha tenido un profundo impacto emocional, financiero y personal en nuestra familia. La separación ha sido devastadora, obligándonos a afrontar la vida diaria sin el apoyo, la compañía y la estabilidad que antes nos daban nuestro matrimonio y familia. La carga emocional de vivir separados ha afectado nuestro bienestar, mientras que mantener dos hogares separados y cubrir gastos adicionales de viaje y comunicación ha generado una carga económica significativa” dijo la esposa de Yajayra, María.
“Más allá de los desafíos económicos, la ausencia de mi esposa ha dejado un vacío en nuestra vida familiar, impidiéndonos compartir hitos importantes, tomar decisiones juntos y proporcionarnos mutuamente el amor y apoyo diario que toda familia merece.” Concluyo Maria.
Al completar el periodo de dos años, la pareja planea solicitar la residencia permanente para Yara, que es lo que su abogado de inmigración dijo que funcionaría bien, ya que estaba casada con un ciudadano estadounidense.
“Yo tengo mi solicitud I-130 no ha sido afectada” dijo Yajayra. “La tengo sometida desde el año pasado y hasta ahora no ha recibido malas noticias. Pero tengo que comunicarme con mi abogado para actualizarme”.
Al mismo tiempo, María dijo que “a pesar de estas dificultades, hemos mantenido nuestro compromiso con nuestro matrimonio y hemos seguido apoyándonos mutuamente durante este periodo difícil. Una vez cumplido el periodo requerido, nuestro plan es seguir con todos los procesos legales de inmigración disponibles para que mi esposa pueda regresar legalmente a Estados Unidos. Nuestro objetivo es reunirnos de forma permanente, reconstruir nuestra vida juntos, restaurar la estabilidad que nuestra familia ha perdido y seguir contribuyendo positivamente a nuestra comunidad mientras avanzamos como familia unida”.
Lo único que entonces no era un factor puede ser ahora. El hijo de Yara, un joven de 11 años, había estado anteriormente en Medi-Cal mientras estudiaba en Bakersfield. La nueva norma de carga pública podría influir una vez que sean elegibles para solicitar el estado migratorio de residente permanente.
La inscripción del hijo en Medi-Cal es solo uno de los muchos factores bajo una revisión de "totalidad de circunstancias". No provoca una denegación automática de la residencia permanente. Y siempre existe la posibilidad de que, bajo una nueva administración, esta política se revierta.
Pero por ahora, dado que la política migratoria cambia constantemente, las familias aún se enfrentan a un nuevo desafío para legalizarse mientras intentan obtener la residencia permanente de manera legal.