A primera vista, la Proposición 40 suena justa. Esta medida electoral estatal propone un impuesto único a los multimillonarios de California, el cual recaudaría un estimado de $100 mil millones de dólares para atención médica, asistencia alimentaria y educación. Dado los drásticos recortes a Medi-Cal y SNAP realizados mediante la legislación presupuestaria federal de 2025, la idea de que los californianos más adinerados deben contribuir más para cerrar las brechas de nuestro presupuesto no es descabellada. Sin embargo, la Proposición 40 ofrece una solución de corto plazo para un problema que requiere soluciones a largo plazo y una discusión más transparente.

La Proposición 40 destina el 90 por ciento de sus ingresos al gasto en atención médica, pero la medida describe una larga lista de posibles gastos relacionados con salud sin exigir que una parte específica llegue directamente a los pacientes o reduzca lo que las familias pagan en gastos médicos. Los propios hallazgos de la medida indican que los recortes federales a Medi-Cal, por sí solos, se proyectan en casi el doble de lo que este impuesto único recaudaría para salud, asistencia alimentaria y educación en conjunto. Los votantes deberían poder ver cómo una política cumplirá su promesa y qué se financiará primero cuando los recursos sean limitados, antes de comprometerse con ella.

La Proposición 40 carece de las garantías y la especificidad que la convertirían en una política más responsable. Esta oposición no es un rechazo a la meta, sino que se basa en la creencia de que necesitamos soluciones más inteligentes y duraderas para financiar la salud y los programas de protección social; el presupuesto por medio de la boleta electoral y los nuevos impuestos temporales no son el camino.

La Legislatura reportaría anualmente cómo se gasta el dinero, pero ese reporte llega a los legisladores sin una auditoría independiente, y nada en la medida vincula el financiamiento a resultados medibles para los pacientes a quienes está destinado a ayudar. Una política que recauda tanto dinero para la salud debería poder demostrar cómo mejora la atención y el acceso para las personas a quienes dice servir.

Luego está el tema de las escuelas públicas. La Proposición 40 se exime de la Proposición 98, el piso constitucional que garantiza a las escuelas de California un nivel mínimo de financiamiento, aunque una parte de los ingresos se destinará a la educación pública. Sin embargo, la medida limita la porción combinada de ingresos que iría a educación y asistencia alimentaria a $2.5 mil millones de dólares al año. Capitol Matrix Consulting, una firma de investigación independiente, calcula que, sin esta exención, las escuelas públicas recibirían $3 mil millones de dólares en financiamiento al año. Esta exención de las prioridades de financiamiento ya establecidas en nuestro estado denota una medida que no ha sido construida con el cuidado suficiente.

También vale la pena señalar que esta no es una objeción partidista. El gobernador Newsom se opone a la medida, a pesar de que el liderazgo de su propio partido la respalda. Entre los opositores también están la Asociación Médica de California, la Asociación de Maestros de California, las afiliadas de Planned Parenthood de California, y organizaciones que representan a los bomberos y oficiales de paz del estado. El hecho de que intereses y posiciones políticas tan diferentes lleguen a la misma conclusión dice mucho.

La Proposición 40 pide a los votantes que confíen en que esta drástica medida de corto plazo servirá a los pacientes sin saber qué pasará después, mientras las escuelas y los programas de la red de protección social se quedan con promesas en lugar de garantías. Eso no es un trato justo. Vote No a la Proposición 40.