WASHINGTON.- El presidente Donald Trump busca ahora el reemplazo del director del FBI, James Comey, en medio de una crisis política mayúscula en Washington mientras la oposición demócrata exige que un fiscal independiente asuma la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones.
Como mandatario, Trump tiene derecho constitucional y autoridad del Congreso para cambiar al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) pero el súbito despido –Comey se enteró mientras daba un discurso en Los Angeles (California)– ha generado críticas de politización, y sospechas de que la Administración oculta algo sobre la presunta intromisión electoral de Rusia.
Trump se reúne hoy con el canciller ruso, Sergey Lavrov, a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, mientras grupos progresistas han programado una protesta frente a la Casa Blanca para exigir una solución a lo que consideran una “crisis constitucional”. El grupo “Moveon.org”, ya ha recabado más de 900,000 firmas a favor de un fiscal independiente.
Comey aparentemente fue despedido por su mal manejo de la investigación sobre los correos electrónicos de la excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, cuando ésta era secretaria de Estado. La recomendación vino del fiscal general, Jeff Sessions, y su “número dos”, Rod J. Rosenstein, porque Comey no buscó el enjuiciamiento de Clinton.
Si el despido de Comey pretendía desviar la atención de la investigación sobre Rusia, la inusual coordinación entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca que lo precedió sólo ha aumentado la atención del Congreso y de la prensa sobre el asunto.
“Afrontamos una crisis constitucional… pero (el despido) no frenará las investigaciones sobre Rusia. El despido de Comey suscita interrogantes sobre si el presidente Trump está obstruyendo la justicia”, dijo en un comunicado John Bonifaz, presidente del grupo “Free Speech for People”, que apoya un juicio político contra Trump.
“La Cámara de Representantes debe cumplir su deber constitucional e iniciar una investigación sobre si el presidente cometió ofensas que justifiquen un juicio político. Está en juego nuestra democracia”, enfatizó Bonifaz, comparando la crisis actual con la de “Watergate” en la presidencia de Richard Nixon.