Los demandantes en United Farm Workers contra Noem solicita al Noveno Circuito que mantenga la orden judicial preliminar de abril de 2025

SAN FRANCISCO—Después de que la Patrulla Fronteriza de EE. UU. detuviera y arrestara indiscriminadamente a latinos, trabajadores agrícolas y jornaleros en el condado de Kern en enero de 2025, los agentes presumieron públicamente de las prácticas ilegales y prometieron continuar con las redadas por todo el Valle Central.

En respuesta, los United Farm Workers y cinco residentes del condado de Kern demandaron al gobierno federal en febrero de 2025 y obtuvieron una orden judicial que prohíbe a la Patrulla Fronteriza detener a personas sin sospecha razonable y arrestarlas sin orden judicial si los agentes no han demostrado que la persona probablemente huya.

Hoy, los demandantes en UFW contra Noem solicitaron al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que confirmara esa orden judicial preliminar de abril de 2025, que se aplica a las operaciones en el Distrito Este de California. Argumentaron que las personas que viven y viajan por barrios latinos y zonas agrícolas del distrito enfrentan una amenaza creíble y constante de que la Patrulla Fronteriza viole sus derechos durante futuras redadas migratorias.

"No tenemos que especular sobre qué pasaría si la orden judicial fuera revocada porque hemos visto la anarquía y el caos que la Patrulla Fronteriza ha causado en el condado de Kern, Los Ángeles y en ciudades de todo el país", dijo Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU del Norte de California. "Las carreteras que atraviesan comunidades agrícolas en el Valle Central se convertirían en trampas. Las personas que llevan a sus hijos a la escuela o se desplazan al trabajo corren el riesgo de ser detenidas y detenidas, independientemente de su estatus migratorio."

Durante las redadas de Kern, la Patrulla Fronteriza detuvo coches en carreteras rurales cerca de granjas y en barrios predominantemente latinos de Bakersfield y exigió los papeles de los ocupantes. De las 78 personas que la Patrulla Fronteriza arrestó, los registros muestran que los agentes no tenían conocimiento de quiénes eran cuando los detuvieron y solo una persona tenía antecedentes migratorios. El gobierno nunca ha presentado pruebas contrarias ni ha disputado que los agentes de la Patrulla Fronteriza hayan violado los derechos de los demandantes. Al no poder refutar los hechos del caso, el gobierno apeló la orden judicial por motivos procesales.

La Patrulla Fronteriza sigue ignorando los derechos constitucionales de los residentes del Distrito Este. Este mes, el tribunal de distrito dictaminó que la Patrulla Fronteriza violó la orden judicial preliminar de julio de 2025 cuando agentes detuvieron a personas frente a un Home Depot en Sacramento, aunque no tenían motivos para creer que ninguna persona detenida estuviera en el país ilegalmente.

"Cuando la Patrulla Fronteriza prometió ampliar su campaña de arrestos indiscriminados por toda California, el tribunal actuó rápidamente para detener las prácticas ilegales de la agencia", dijo Franco Muzzio, socio de Keker, Van Nest & Peters. "Hoy hemos pedido al Noveno Circuito que mantenga esas protecciones. Los residentes de California no deberían temer ser detenidos por agentes de inmigración simplemente por su aspecto o por su lugar de trabajo."

"Nadie en Estados Unidos debería ser objetivo por el color de su piel, el idioma que habla o el tipo de trabajo que realiza", dijo Teresa Romero, presidenta de los Trabajadores Agrícolas Unidos. "Desde trabajadores agrícolas en Delano hasta jornaleros en Sacramento, la Patrulla Fronteriza ha perfilado y aterrorizado a personas trabajadoras solo por ser morenas mientras intentaban ganarse la vida. Eso es inconstitucional y antiestadounidense. Toda la clase trabajadora debe plantar cara a la agenda de deportación de Trump."

UFW y los cinco residentes de Kern demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, y Patrulla Fronteriza en febrero de 2025. Las Fundaciones de la ACLU del Norte de California, Sur de California y los condados de San Diego e Imperial, así como Keker, Van Nest & Peters LLP, representan a los demandantes.

 Hitos clave en UFW contra Noem.