Hay varios frentes con respecto al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), incluida la reciente aprobación para los inmigrantes de Etiopía y la presión para ampliar la regulación para gente de Venezuela, pero hay un caso que ha desatado alertas: Ramos v. Mayorkas, del cual se esperaba una negociación que terminó en el fracaso.

Después de 16 meses fallaron las negociaciones entre el Gobierno del presidente Joe Biden y los demandantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras, lo que podría poner en camino a la deportación a 260,000 inmigrantes con TPS, además de dejar en riesgo a sus familias estadounidenses.

Esta demanda inició en 2018, con la Administración de Donald Trump, a quien se pidió extender las protecciones para los primeros cuatro países de los mencionados, pero con el presidente Biden se siguió en esa misma línea sin acuerdo alguno.

Un éxito de la demanda fue que un juez de Distrito determinó que el fin del programa –decidido por Trump— era ilegal. El Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito estuvo dividido, pero no ha tomado una decisión final.

En tanto, los demandantes abrieron negociaciones con la Administración Biden, las cuales no llegaron a buen puerto.

La querella incluye a 14 demandantes que representan a titulares de TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, así como a sus hijos ciudadanos estadounidenses, pero luego se sumaron aquellos de Nepal y Honduras.