BAKERSFIELD, CA – Las Fundaciones de la ACLU del Sur y Norte de California en conjunto con los bufetes Willkie Farr & Garllagher LLP y Martínez Aguilasocho Law, Inc, han levantado una demanda en contra del Condado de Kern y la Corte Suprema del Condado de Kern por sistemáticamente negar a los acusados pobres de delitos menores sus derechos constitucionales a tener representación y proceso legales. La demanda fue presentada en favor de la Fundación UFW y tres residentes del Condado de Kern.

     En la demanda se describe una fábrica de alegatos de vías rápidas donde oficiales de libertad condicional juegan un rol fiscal bastante afuera de la autoridad estatutaria – haciendo ofertas de alegatos a los acusados de bajos recursos detrás de las puertas, típicamente sin abogados defensores o procuradores presentes. Jueces han aceptado estos acuerdos de culpabilidad no confesado en juicios que tardan menos de tres minutos.

   “Cuando yo aparecí en la Corte Suprema del Condado de Kern en el 2021, yo estaba en un punto muy bajo, yo estaba confundida y abrumada, y no estaba obteniendo el cuidado físico y mental que necesitaba en la cárcel”, dijo Laura Hart, demandante en esta demanda, y quien se declaró culpable sin consejo legal en su primera audiencia. “Cuando me declaré culpable, no había ningún abogado presente para ayudarme o para defenderme en ese momento cuando yo no podía defenderme”.

     Semanas después, otro juez en una corte diferente declaró a la Sra Hart a ser no competente para proceder legalmente.

    “Los derechos a abogados y del proceso legal son pilares fundamentales en nuestro sistema legal”, dijo Emi MacClean, abogada senior en la Fundación ACLU del Norte de California. “El Condado de Kern ya no puede negar a los acusados sus derechos fundamentales para ahorrarse en recursos y asegurar convicciones rápidas”.

    Menos del 5% de los acusados de delitos menores en Kern fueron representados por un abogado en su comparecencia. Sin embargo, aproximadamente el 60% de todos los acusados se declaran culpables en su primera comparecencia ante el tribunal.

     Ciertos grupos de personas son más vulnerables a las presiones de la fábrica de súplicas. Los acusados negros se declaran culpables sin asesoramiento a una tasa que duplica su participación en la población general del condado. Los acusados latinos y las personas que dependen de intérpretes también eran más propensos que los acusados blancos a declararse culpables sin asesoramiento.

    «Los inmigrantes acusados se encuentran entre aquellos a quienes habitualmente no se les otorga su derecho constitucional a un abogado y se les obliga a aceptar declaraciones sin asesoramiento», dijo Ambar Tovar, abogado director de la Fundación UFW, un demandante en el caso. «Nuestro sistema de justicia le está fallando a nuestra comunidad inmigrante, contribuyendo a la separación de familias y agravando las dificultades económicas. La justicia debe estar disponible para todos, y no para unos pocos».

     Los demandantes están pidiendo al tribunal que declare estas prácticas inconstitucionales e ilegales, y que garantice consultas individuales con los abogados de todos los acusados en los procedimientos de lectura de cargos. La demanda también le pide al tribunal que prohíba al condado de Kern confiar en los oficiales de libertad condicional para transmitir ofertas de declaración de culpabilidad y garantizar el acceso público a estos procedimientos.

      «La fábrica de culpabilidad de cargos por delitos menores del condado de Kern causa un daño devastador», dijo Eduardo E. Santacana, socio de Willkie Farr & Gallagher LLP, coabogado de los demandantes. «No es solo el número masivo de condenas sin asesoramiento. En cuestión de minutos, en audiencias donde los acusados no tienen un abogado a su lado, los no ciudadanos pueden perder protecciones migratorias clave, los padres pueden poner en peligro la custodia de sus hijos y las personas pueden perder su derecho a conducir».

     El año pasado, un grupo de expertos a nivel estatal, el Comité de Revisión del Código Penal de California, reconoció el problema del acceso inadecuado a un abogado en las comparecencias y recomendó una reforma legislativa. Actualmente hay una propuesta de ley, AB 1209, que requeriría una pronta representación legal antes de una primera comparecencia ante el tribunal.

    La proposición de ley, que fue introducida por el asambleísta Jones Sawyer el pasado 16 de febrero de este año, indica lo siguiente:

   (3) La ley vigente prohíbe que el tribunal acepte una declaración de culpabilidad por un delito grave no punible con la muerte o cadena perpetua de un acusado que no comparezca con un abogado, a menos que el tribunal informe completamente al acusado de su derecho a un abogado y determine que el acusado entiende el derecho y renuncia libremente a él, como se especifica.

    Este proyecto de ley ampliaría esto a los delitos menores, requeriría un asesoramiento adicional antes de que una persona renuncie al derecho a un abogado y requeriría que el tribunal informe al acusado a través de un coloquio individualizado y por escrito de su derecho a un abogado, como se especifica. El proyecto de ley establecería una presunción de que una declaración de culpabilidad tomada sin abogado no es consciente, inteligente y voluntaria, como se especifica.

    El proyecto de ley prohibiría que un fiscal y un juez comuniquen una oferta de culpabilidad, disposición o resolución a un acusado a menos que esté presente un abogado o el acusado haya renunciado a un abogado, como se especifica.

    (4) La ley vigente requiere que una persona arrestada sea llevada ante un juez sin demora y, en cualquier caso, dentro de las 48 horas posteriores al arresto, sin incluir fines de semana y días festivos, según se especifica. La ley existente permite que un abogado visite a un recluso después de su arresto a pedido del recluso o de su pariente, según se especifica.

    Este proyecto de ley permitiría además que un representante de un abogado visite a un preso después de su arresto.

     Al expandir los deberes del defensor público e imponer nuevos deberes a las agencias locales, este proyecto de ley impondría un programa local exigido por el estado.

    Esta es la segunda vez que la ACLU demanda a la Corte Suprema del Condado de Kern. La primera vez fue en el 2020, durante la pandemia del Covid-19 cuando la corte violó los derechos constitucionales del público al negar acceso a procesos legales. La corte lanzó un mandato el 23 de marzo del 2020 prohibiendo la entrada al público para atender audiencias, aún así, la corte informó que iba a reabrir sus puertas para el 22 de mayo para empezar a obtener miembros de jurado, en vez, a corte dijo que “la orden judicial sobre la restricción de acceso a la corte sigue en en efecto”.

       Para ver una copia de la propuesta en ingles visite: https://legiscan.com/CA/text/AB1209/2023