Los inmigrantes que han recibido asistencia pública pronto podrían tener más dificultades para obtener una tarjeta verde según una nueva norma anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional esta semana.

Si se implementa, los funcionarios federales dicen que la norma ahorraría dinero de los contribuyentes al imponer la autosuficiencia entre los inmigrantes que reciben beneficios públicos, quienes son considerados por el gobierno como una “carga pública”.

“De acuerdo a legislación federal de mucho tiempo, aquellos que buscan emigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kirstjen Nielsen, en un comunicado de prensa que describe la propuesta. “Esta norma propuesta implementará una ley aprobada por el Congreso con la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos finitos al garantizar que sea poco probable que se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.

Los detractores dicen que la norma cerraría las puertas a millones de inmigrantes que buscan en Estados Unidos una vida mejor.

La propuesta marca otro ejemplo del esfuerzo de mucho tiempo de la administración Trump de frenar la inmigración a los Estados Unidos.

Pero, ¿cuáles son los impactos que tal norma tendría a nivel local entre los inmigrantes —  unos 4.200 indocumentados tan solo en el sur de Kern?

South Kern Sol analiza el problema de la carga pública:

¿Qué es “carga pública”?

Carga pública es un término que se utiliza para describir a una persona que depende o dependerá principalmente del gobierno como su principal fuente de apoyo, según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

La prueba de carga pública se aplica cuando un individuo desea obtener una tarjeta verde o visa para ingresar a Estados Unidos. Durante el proceso de solicitud, los agentes de inmigración determinan si la persona necesitará o no beneficios públicos.

Por ley, la carga pública se determina en función de factores como la edad, la salud, el estado familiar, los bienes, los recursos, el estado financiero, la educación y las habilidades, dijeron funcionarios de DHS en un comunicado.

La autosuficiencia ha sido parte de las leyes de inmigración de EE. UU. desde los primeros estatutos de inmigración del país — la Ley de Inmigración de 1882, según funcionarios de DHS. Hace siglos, la carga pública era el motivo más común para rechazar la admisión a EE. UU., dijo el departamento en un comunicado emitido el sábado.

¿A quién afecta?

La carga pública aplica a aquellos que solicitan una tarjeta verde y permiso para ingresar al país con una visa.

La norma propuesta estima que casi 400.000 inmigrantes que ya están en EE. UU. por año estarían sujetos al nuevo escrutinio, según CNN.

La propuesta también puede hacer que a los ciudadanos naturalizados y residentes legales les resulte más difícil patrocinar a miembros de familia de países de bajos ingresos.

¿Cómo funciona ahora?

Cuando los agentes realizan la prueba de carga pública, solo pueden considerar dos tipos de beneficios públicos —  asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, como CalWORKS y Seguridad de Ingreso Suplementario, y atención institucionalizada a largo plazo a cargo del gobierno.

¿Cómo afectaría esto a los inmigrantes en el condado de Kern?

Eduardo Ramírez Castro, gerente auxiliar de proyectos de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California en Fresno

Aunque esto ha sido parte de las leyes de inmigración de EE. UU. durante bastante tiempo, Eduardo Ramírez Castro, gerente auxiliar de proyecto de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California en Fresno, dice que los cambios propuestos podrían llevar a la inelegibilidad para aquellos que deseen ingresar a EE. UU.

“El punto clave aquí es que esta propuesta dificultará que los inmigrantes obtengan el estado legal, como una tarjeta verde y que desean hacerlo legalmente”, dijo a South Kern Sol. “Funcionará como una barrera para aquellos que quieren solicitar el estado migratorio de forma legal”.

Si se implementa la norma propuesta, tendría un gran efecto en el condado de Kern, dijo Ramírez Castro.

“Este condado tiene altos índices de hogares con estado migratorio variado”, dijo. “Este condado está cubierto en gran parte por un programa como MediCal, y también tiene una población de inmigrantes. Todos estos factores dan como resultado una población significativa que se vería directamente afectada por esta propuesta”.

Si la norma se finaliza en su forma propuesta, ¿qué cambiaría?

La norma propuesta ampliaría la carga pública para incluir beneficios utilizados de manera más extensa, además de los dos beneficios públicos mencionados anteriormente.

Estos beneficios incluirían asistencia de vivienda, cupones de alimentos, MediCal que no es para casos de emergencia y más.

La norma propuesta también ampliará lo que se considera una “carga pública”, yendo más allá de la “dependencia primaria” a cualquier persona que acepte el equivalente de al menos 15 por ciento de las pautas federales de pobreza, informa CNN.

En la propuesta, DHS dice que cree que cualquiera que reciba esa cantidad de ayuda “no es autosuficiente ni está en camino hacia la autosuficiencia”.

DHS propone exigir a todos los inmigrantes que buscan una extensión de la estadía o cambio de estado que demuestren que no han recibido, no están recibiendo en la actualidad, ni es probable que recibirán beneficios públicos definidos en la norma propuesta.

¿Cómo afectará la norma propuesta a aquellos que ya tienen tarjetas verdes?

La propuesta no afectará a aquellos que ya tienen una tarjeta verde, dijo Ramírez Castro. La norma de carga pública no se considera cuando los titulares de la tarjeta verde solicitan la ciudadanía.

Sin embargo, Ramírez Castro cree que la nueva propuesta podría tener un “efecto disuasorio” en las comunidades.

“La doctrina de carga pública siempre ha creado incertidumbre y temor en los destinarios elegibles para inscribirse en beneficios públicos como Medicare o MediCal”, dijo. “Esto se debe a que temen que más adelante vaya a afectar su candidatura para un beneficio de inmigración o su candidatura para convertirse en ciudadanos en el futuro”.

¿Qué deberían hacer los afectados, si se implementa?

Los afectados deberían obtener una consulta con un abogado de inmigración con experiencia, dijo Ramírez Castro.

¿Cuándo entrará en vigor?

La norma propuesta se publicará oficialmente en el Registro Federal en las próximas semanas, según DHS. Una vez que la norma propuesta se publique oficialmente, el público tendrá 60 días para presentar comentarios sobre la norma. Por ley, DHS debe revisar los comentarios y abordar las preocupaciones antes de proponer la norma final. La versión oficial en el Registro Federal contendrá información sobre cómo presentar comentarios.

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