El temor al contagio por el COVID-19, que se ha cobrado miles de vidas en EE.UU., llevó a un grupo de abogados de inmigración de Nueva Jersey a demandar a la Administración del presidente Donald Trump en un tribunal federal para que ponga fin a las audiencias de deportación que se hacen en persona, al considerar que ponen en peligro su salud y la de sus clientes.

El capítulo de Nueva Jersey de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (NJ-AILA) acudió al tribunal federal en la ciudad de Newark en una demanda contra el Gobierno estadounidense –otra más en la larga lista de casos legales contra esta Administración– porque alegan que esas audiencias son ilegales, en una acción que consideran “caprichosa y arbitraria”, según la demanda.

Audiencias en video

Los abogados están pidiendo a la corte federal, también en Newark, que esas audiencias de deportación para inmigrantes no detenidos se realicen por videoconferencia, como ocurre con otras cortes en el estado de Nueva Jersey.

“La ley dice que las audiencias de deportación se hacen en persona o por video”, dijo el abogado peruano César Estela, miembro de NJ-AILA.

Otro grupo de abogados especializados en inmigración, esta vez de Arizona, también han denunciado que trabajan bajo el “terror” de contagiarse con el coronavirus, porque se han mantenido algunas audiencias en tribunales así como visitas a centros de detención.

“En todas las cortes en Nueva Jersey, estatales, municipales, federales, (las audiencias) se hacen por videochat y no se explica por qué están haciendo esto cuando sus propios oficiales no quieren presentarse”, dijo el abogado, refiriéndose al hecho de que los fiscales que llevan estos casos de deportación no atienden en persona las audiencias.

“Los fiscales de inmigración se presentan por vídeo porque les da miedo ir al edificio (donde está la corte) a enfermarse. El edificio tiene una puerta inmensa de entrada y ahí se aglomeran 100 o 200 personas cada hora para entrar, los elevadores son pequeños y no están ventilados, las salas de la corte son bien pequeñas”, argumentó Estela sobre las condiciones que enfrentan abogados, clientes y empleados del tribunal.

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